El juez ordenó custodia para la periodista, lo que sugiere que su exposición pública y la gravedad de las amenazas ameritan reforzar su seguridad. La denuncia también va dirigida a Lilia Lemoine, Agustín Romo, Franco Iván Jeremías Antunes Puchol (@FranFijap), entre otros.
Los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado confirmaron la decisión de primera instancia que declaró la invalidez constitucional de los artículos 2° y 3° del DNU N°340/25 por imponer modificaciones al derecho a huelga a través de una medida que no justificó los requisitos de necesidad y urgencia que habilitaran a eludir el trámite constitucional de sanción de las leyes.
Los jueces de la Sala IV además desistieron del recurso de Casación interpuesto por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes habían solicitado que la expresidenta cumpliese su pena dentro de la órbita del Servicio Penitenciario Federal. También rechazaron el pedido que formularon para que la pena se ejecutase en otro domicilio distinto al actual.
Lo hizo en una causa presentada por un trabajador, quien demandó a las empresas Telecom Argentina S.A., Tel 3 S.A. y Cotelar S.R.L. por diversos créditos salariales y por una indemnización por despido.
La funcionaria bonaerense estaba con arresto domiciliario por orden de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, y fue excarcelada por el tribunal de apelaciones.
El criterio de Mario Villar se opone a las consideraciones de sus colegas, Diego Luciani y Sergio Mola, quienes habían apelado a la prisión domiciliara que se le otorgó a la exmandataria.
El Juzgado Federal N.º 1 de San Isidro ordenó este sábado la excarcelación de Iván Díaz Bianchi, Aldana Muzzio y Candelaria Montes. Alesia Abaigar, otra de las imputadas, ya se encuentra en su domicilio también. No obstante, rechazó medidas alternativas a la prisión preventiva de la concejala Eva Mieri.
El archivo de la pesquisa lo decretó el juez federal Luis Armella, el mismo que estuvo acusado en el caso “Gestapo antisindical”. En este caso, el magistrado se hizo eco de un planteo que realizó el fiscal Sergio Mola, quien tenía delegada la investigación de la visita a represores como Alfredo Astiz y enfatizó que el SPF no cometió ningún ilícito.
El Presidente denunció a Jorge Rial, Fabián Doman, Mauro Federico y Nicolás Lantos por dichos sobre su salud mental y su vida sexual. El día anterior, había presentado una acción judicial contra Julia Mengolini.
Lo hicieron los diputados de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, quienes sostuvieron que la OA no investigó, no contrastó y no verificó nada. "Solo convalidó un relato", afirmaron.