Se trata de una instancia previa a las declaraciones indagatorias que rige para las investigaciones por enriquecimiento ilegal, en la que el acusado debe probar que no cometió un delito y que su incremento patrimonial se logró de manera legal. El fiscal espera que el juez Ariel Lijo se reincorpore de una licencia ya que es el Juzgado quien debe notificar a la defensa.
El fiscal aclaró que no se trata de una medida cautelar, sino de una exhortación orientada a evitar que la causa siga escalando mientras avanza la investigación. Se investigan cuatro hechos que encuadran en la figura contravencional de maltrato, “agravado en este último caso por ser en perjuicio de un menor de edad con discapacidad”.
La demanda se interpondrá luego de que ahorristas representados por el abogado Nicolás Oszust no llegaron a un acuerdo en la audiencia de mediación que se llevó a cabo con los abogados que representan a los imputados Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.
La expresidenta incorporó al abogado brasileño Rafael Valim, especialista en derecho constitucional y derechos humanos. Trabajará junto al español Javier Borrego.
La medida, de cumplimiento domiciliario, fue ordenada por el juez Humberto Otazú. El exsenador se encuentra detenido en Paraguay desde el 4 de diciembre de 2024.
La fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita ya recibió el informe de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI). De esta manera, se completó la primera parte de la investigación que culminará con el requerimiento de justificación patrimonial por parte del ex jefe de Gabinete.
La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín revocó la medida cautelar que había dispuesto el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, que ordenaba al Gobierno a mantener el pago (de menos de $80.000) a más de 900 mil beneficiarios. El Ministerio de Capital Humano busca reemplazarlo por vouchers de capacitación.
El Tribunal Oral Federal N°4 los halló culpables por los delitos de cohecho y administración fraudulenta contra el Estado. Además, ambos fueron inhabilitados de manera perpetua para ejercer cargos públicos. La causa investigó el pago de sobornos en la adjudicación de obras para la ampliación de gasoductos.
Su ex secretaria y actual pareja, Iara Guinsel, también recibió una pena pero menor: 1 año y 10 meses de arresto bajo la misma modalidad. Previo al veredicto, ambos imputados cumplieron 18 meses de prisión domiciliaria, en la ciudad de Asunción, tiempo que absorbió la mayor parte del proceso judicial y que sería restado a cada una de las condenas.
La diputada Natalia de la Sota presentó una denuncia contra el ministro de Salud de la Nación por ignorar una sentencia del Juzgado Federal Nº3 de Córdoba en el marco de un amparo colectivo.