El proceso se puso en marcha con la lectura del primer requerimiento de elevación a juicio, elaborado por el fiscal de instrucción Carlos Stornelli. La secretaria María Cecilia Chichizola inició la exposición de la acusación, que abarca seis causas conexas, cada una con su propio auto de elevación a juicio.
Ya está diagramada la lista de testigos por parte de la acusación, integrada por todos los familiares de Maradona que presenciaron el juicio frustrado. También lo harán distintos abogados, periodistas y hasta los jueces que integraban junto a ella el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro.
Tras resolver varios planteos presentados por las partes, los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón hicieron lugar al pedido de la querella y de los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, quienes habían solicitado celeridad para avanzar con el juicio.
El máximo tribunal dejó firme una sentencia que negó la personería gremial al Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria (SUTPLA), creado en la cárcel de Devoto. Los jueces consideraron que los internos no son trabajadores en el sentido legal del término.
Actualmente es investigado por la justicia de Estados Unidos, particularmente por el Tribunal de Distrito del Este de Texas, por su participación en actividades de narcotráfico, lavado de dinero y estafas; tanto en el exterior como en la Argentina fue acusado de integrar una organización delictiva transnacional.
La medida fue dictada en el marco de una acción cautelar presentada por la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, que reclamaron la inmediata convocatoria del organismo tripartito encargado de fijar el salario mínimo.
La Cámara Federal porteña convalidó el trámite de elevación a juicio en el expediente impulsado por Fabiola Yañez. Los jueces Irurzun y Farah integraron la mayoría, mientras que Boico votó en disidencia.
La Corte de Apelaciones de Nueva York escuchó la apelación de la República Argentina contra el fallo de primera instancia de la jueza Loretta Preska, quien en 2023 condenó al país a pagar una indemnización de 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF.
En la presentación, la defensa del exdirector del ANDIS se limita a señalar que los audios no pueden constituir el inicio de una investigación penal por violar garantías constitucionales, al haber sido grabados y distribuidos sin consentimiento. De esta manera, se plegó a la estrategia de los dueños de la droguería Suizo Argentina.
El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó el juicio oral y público para Miguel Rivaldi, al asegurar que el accionar del efectivo fue “desproporcionado e injustificado” y violó los protocolos vigentes sobre uso racional de la fuerza y empleo de armamento no letal.