La presentación judicial se realizó ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo de Enrique Lavie Pico, el mismo magistrado que en 2024 había dejado sin efecto parte del decreto de desregulación impulsado por el Gobierno de Javier Milei.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada por el diputado de Fuerza Patria, Horacio Pietragalla, por el operativo desplegado el 4 de septiembre de 2024 en los alrededores del Congreso. Ese día, organizaciones se movilizaron contra el veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria.
La sentencia y los fundamentos se conocerán el lunes 16 de marzo, luego de que la fiscalía pidiera una pena de 23 años y 4 meses de prisión y la defensa solictara 7 años al sostener que se trató de un homicidio culposo.
El proceso tiene a cuatro militares acusados (al contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo y a los capitanes Claudio Villamide, Héctor Alonso y Hugo Miguel Correa), quienes enfrentan cargos por el incumplimiento de los deberes del funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó profundizar una causa por lavado de dinero contra el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, a raíz de la compra de un departamento en Miami en 2011. El máximo tribunal hizo lugar al pedido del fiscal Mario Villar, revocó un fallo que cerraba la causa y ordenó a la Cámara Federal de Casación Penal, que había confirmado el sobreseimiento, que dicte una nueva resolución, dando respuesta a las pruebas que expuso el expediente.
La exfuncionaria sostuvo que el dinero estaba en el departamento antes de que se mudara y negó haberlo administrado. Calvete está procesada junto a su padre en la causa que investiga corrupción en el organismo.
Mientras se aguarda una resolución por el caso de fondo y la apelación a la sentencia de pago de USD 16.100 millones, la jueza estadounidense decidió mantener el proceso que intenta identificar propiedades del Estado.
La presentación de la apelación fue hecha por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que depende del Ministerio de Capital Humano, bajo el argumento de que “la decisión recurrida afecta el principio de legalidad y altera el alcance de disposiciones expresas del ordenamiento jurídico“.
Los diputados nacionales de Unión por la Patria (UP) Julia Strada, Germán Martínez y Paula Penacca presentaron este viernes una denuncia penal contra el ministro de Economía por no aplicar el nuevo índice de precios al consumidor que ya estaba listo para ser implementado desde enero 2026. "Incurrió en irregularidades varias”, afirmaron.
También continúan las restricciones vinculadas a las visitas y uso de la terraza. De esta manera, la sala IV del máximo tribunal penal del país dejó firme en un voto mayoritario las decisiones resueltas por el juez de ejecución de la condena, Jorge Gorini, integrante del Tribunal Oral Federal 2.