El juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico entendió que el Poder Judicial "no puede arrogarse funciones reservadas por la Constitución Nacional a los otros poderes del Estado, como es en el caso, la remoción de un Senador Nacional en los términos del art. 66 de la Carta Magna".
El juez Alejo Ramos Padilla procesó a Julián Vilche, Mauricio Redigonda, Carla Chabán y Alfredo Irigoin, quienes eran los responsables económico financieros de la lista y los que firmaron los recibos de los aportes. Los cuatro fueron procesados por los delitos de falsedad ideológica de documento público y por omisión dolosa de acreditación del origen de los fondos de campaña.
El ex legislador pidió el viernes pasado que se declare la inconstitucionalidad de la sesión del Senado y que como medida previa se dictara una cautelar que lo reponga como senador nacional. Hoy su abogado sumó nuevas pruebas y agregó algunos argumentos a la discusión.
El Gobierno adelantó que las empresas tienen 20 días hábiles para realizar su descargo y presentar pruebas. De comprobarse la presunta cartelización, el Ejecutivo podrá multarlas con el 30% de su volumen de negocio o hasta el doble del beneficio ilícito obtenido.
El juez a cargo de la causa sostuvo que el planteo está “basado en alguna estrategia defensista y no en elementos objetivos racionales y demostrables”. Sin embargo, la defensa del expresidente permitió que se suspenda la indagatoria prevista para hoy y que se pasara para la semana que viene.
Se trata del caso que tiene como acusada a la enfermera Gisella Dahiana Madrid por el presunto "homicidio con dolo eventual" del ex jugador de Boca y la Selección argentina.
Se trata de Mónica Millapi y está presa por sustracción y ocultamiento de un menor de 10 años. Ella fue con Loan y el resto de los niños al naranjal la tarde de la desaparición.
La familia de la víctima desde hace años solicitó "dejar sin efecto la sentencia apelada" para que un jurado popular juzgue a Néstor Pavón como coautor del hecho y no por encubridor.
La Cámara Federal revocó la decisión del 5 de junio pasado y ordenó retomar la investigación por "inconsistencias en las declaraciones juradas" de la expresidenta. El Juez Julián Ercolini había analizado que no constituían un delito.
Esta determinación de la Sala I es crucial para Claudio "Chiqui" Tapia y la presentación de su medida cautelar. Así, quedan anulados algunos artículos pertenecientes al Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, además de los artículos del Decreto Reglamentario 730/2024.
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