La diputada Natalia de la Sota presentó una denuncia contra el ministro de Salud de la Nación por ignorar una sentencia del Juzgado Federal Nº3 de Córdoba en el marco de un amparo colectivo.
La Justicia condenó al ex jefe de Operaciones Navales Claudio Villamide a tres años de prisión condicional por incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado. Otros tres ex jefes de la Armada fueron absueltos.
El exsenador entrerriano cumple arresto domiciliario desde el 4 de diciembre de 2024 junto a su pareja, cuando fueron detenidos en la cabecera paraguaya del Puente de la Amistad. En su auto, se encontraron U$S 211.102, $646.000 y 3.900.000 guaraníes, dinero que no había sido declarado. No es el único frente judicial que enfrenta el ex legislador. Los detalles.
El fideicomiso acreedor presidido por Gustavo Scaglione había presentado un recurso para frenar la venta de los activos, al considerar que el esquema diseñado por el juez Marcelo Gelcich favorecía la fragmentación de la empresa. Ahora, el proceso quedará paralizado hasta que la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral analice el fondo de los cuestionamientos.
La Cámara de Casación Penal validó los paros y las medidas de fuerza, llevadas a cabo por los trabajadores del Hospital, en contra de la gestión del ministro Mario Lugones.
El máximo tribunal rechazó los recursos presentados por Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y otros condenados, con lo que quedó confirmada la actualización del monto fijado como reparación económica al Estado en el marco de la causa Vialidad.
La directora general de Actividades Presidenciales, Laura Schiuma, confirmó este lunes ante la Justicia que le prestó su tarjeta de crédito a Manuel Adorni para adquirir un monitor destinado al uso de videojuegos. La declaración se produjo en el marco de la causa que investiga al exjefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito e inconsistencias patrimoniales.
En agosto del año pasado, el jefe de Gabinete compró en su cuenta de Mercado Libre un “monitor gamer” y dos proyectores para videojuegos que le costaron, en total, 5.848.589 pesos, mucho más que su sueldo de ese mes. La Justicia tiene constancias, además, de otra compra sospechosa que hizo a través de una funcionaria pública que se desempeñaba a sus órdenes.
El fallo fue dictado por la Sala IV, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. El voto que condujo la mayoría correspondió a Hornos y recibió la adhesión, en lo sustancial, de Barroetaveña. Borinsky se pronunció en disidencia y propuso levantar el uso de la tobillera electrónica, el régimen restringido de visitas y los límites para acceder a la terraza del edificio.
La multitud de designaciones no se limitó a los magistrados, ya que también se oficializaron designaciones en el Ministerio Público, donde se nombraron cuatro defensores públicos y un fiscal, quienes igualmente contaron con el acuerdo del Senado para asumir sus funciones.