La decisión del tribunal, integrado por los jueces Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas, anula la resolución del pasado 18 de julio de la jueza federal subrogante de Río Gallegos, Mariel Borruto.
La presentación, que recayó en el juzgado federal N° 10, fue por “resistencia a la autoridad, encubrimiento y falso testimonio”. Se trata de un nuevo acto de entorpecimiento de la labor de la Justicia por parte del entorno de la familia Kovalivker.
Se trata de Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze, quienes notificaron su apartamiento del caso a través de un escrito presentado a la Justicia. Los abogados alegaron “motivos personales”.
La medida se produce luego de la declaración indagatoria del ex asesor presidencial Fernando Cerimedo, quien se presentó a los tribunales para contar detalles de sus conversaciones con el ex titular del ANDIS Diego Spagnuolo, quien le había anticipado la existencia de un sistema de recaudación ilegal en base a retornos indebidos.
Los fiscales sostienen en el escrito de 42 páginas que hay elementos suficientes para endilgarle a la magistrada los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.
El Juzgado Federal N°2 de Mendoza suspendió la Resolución N° 1240/25 del Ministerio de Economía y le ordenó a Nación que se abstenga de llevar a cabo “cualquier acto administrativo” que derive de la norma suspendida incluyendo cesantías del personal o eliminación de estructuras.
Thiago Román Florentín, de 22 años, es por ahora el único imputado en la causa iniciada en los tribunales federales de Lomas de Zamora. El juez Armella le impuso al joven una serie de "normas de conducta" que deberá cumplir y además le trabó un embargo de $ 1 millón.
Los denunciantes del partido acusan al magistrado de mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones por haber dispuesto la medida cautelar que para la oposición, juristas y colegios de abogados supone una flagrante violación de un derecho humano como es la libertad de expresión.
El juez Rolando Duarte tiró por la borda los argumentos de la defensa. De todos modos, su decisión puede ser apelada ante una instancia superior que debería revisarla. Mientras tanto, el proceso continúa.
La presentación fue realizada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad con el objetivo de que Marianello sea apartado de su cargo "por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones"