La joven había sido arrestada este viernes en Río de Janeiro. Hasta ahora tenía una tobillera electrónica y la prohibición de salir del país. La Justicia ordenó revocar su prisión preventiva.
La acción judicial cuenta con el patrocinio del abogado Andrés Gil Domínguez. Según acotó el letrado a través de su cuenta de X, la denuncia se realizó "para que la Cámara de Diputados aplique una sanción disciplinaria o la expulse del cuerpo". La diputada nacional de La Libertad Avanza había acusado al niño de "actuar de autista".
La causa fue iniciada por los herederos de Juan Manuel de Rosas, quienes se presentan como donantes del sable y cuestionan la legalidad del traslado. De todos modos, la Justicia ordenó al Ejecutivo la producción de informes para que detalle el destino del sable, las medidas de seguridad, conservación y preservación previstas, y el régimen de exposición pública.
El expediente se inició por la denuncia del Foro Argentino para la Democracia en la Región (FADER) y la Fundación Internacional para la Libertad, y se ampara en el Tratado de Extradición firmado entre Argentina y Estados Unidos en 1997.
El juez federal de Paraná, Entre Ríos, Daniel Alonso habilitó la feria judicial para analizar una “acción de hábeas corpus preventivo, restrictivo y colectivo” que interpusieron dos abogados de Entre Ríos y un constitucionalista de Corrientes contra el DNU del gobierno de Javier Milei.
El poderoso anestésico, que se usa por lo general en terapia intensiva o en operaciones quirúrgicas, fue elaborado y distribuido por los laboratorios Ramallo SA y HLB Pharma Group, ambos propiedad de Ariel García Furfaro, procesado y en prisión preventiva. Además del empresario otras 13 personas fueron procesadas y ya apelaron la medida ante la Cámara Federal.
La solicitud fue elevada ante la jueza del Segundo Distrito de Nueva York, Loretta Preska, por la Procuración del Tesoro de la Nación, que sostuvo que los requerimientos de información impulsados por los beneficiarios del fallo “se han vuelto intrusivos y desproporcionados” y que ese accionar constituye un “hostigamiento sistemático contra un Estado soberano”.
La acusación señala que la compañía habría adquirido un software por siete millones de dólares.Se trata de un sistema de gestión administrativo denominado SAP S/4HANA que, según lo investigado por ATE, valdría 600.000 dólares, es decir, un sobreprecio de más del 1000%.
La Sede Fiscal Descentralizada Esquel del Ministerio Público Fiscal de la Nación, a cargo del fiscal federal Santiago Roldán, investigará la actuación y posible responsabilidad penal de los funcionarios competentes en el manejo del fuego respecto del incendio detectado el 9 de diciembre del 2025 en el brazo sur del Lago Menéndez dentro del Parque Nacional Los Alerces.
La denuncia a Demian Reidel fue impulsada ante el Comité de Integridad de Nucleoeléctrica Argentina por el ingeniero Juan Pablo Norazco, gerente de las plantas Atucha I y II.