Su sentencia quedó en manos del juez federal Amos L. Mazzant, del Distrito Este de Texas, quien aceptó el acuerdo de culpabilidad que el empresario había negociado con la Fiscalía después de ser extraditado desde la Argentina, en noviembre de 2025. ¿Qué pasa con Espert?.
Los acusados montaron una estrategia defensiva centrada en exigir la nulidad de las actuaciones y despegarse del entramado de sobreprecios y compras dirigidas por el que la fiscalía los señala como piezas centrales.
La decisión responde al pedido de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez, quien se presentó en la causa para asumir el ejercicio de la acción penal. “No existió un agotamiento de la investigación, sino todo lo contrario”, remarcaron.
La demanda realizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) apunta al Ministerio de Salud de la Nación y pide que vuelva a garantizar el acceso a “medicamentos esenciales” en los centros de salud. También solicitaron una cautelar para que se abstenga de reducir el vademécum mientras dure el proceso.
Por mayoría, el tribunal resolvió hacer lugar al recurso de queja y conceder el recurso de casación contra la decisión de la Sala I de la Cámara Federal porteña. De ser nuevamente incorporados en la causa, buscarán apelar los sobreseimientos de los 11 imputados, entre ellos el presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei.
Se trata del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País (conocido como el FCI), cuyo cese fue anunciado en febrero de 2024 a través de un comunicado del Ministerio de Economía y confirmado en marzo del mismo año con el DNU 280/2024.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) aceptó el pedido de dos ONG y se involucró en la causa. Ahora, el Juzgado Federal N°8, a cargo interinamente del juez federal Daniel Rafecas, podría permitir que se reabra el expediente. En caso de rechazarlo, la PIA interpuso un recurso de apelación en subsidio para que la decisión recaiga en la Cámara Federal.
La investigación se originó ante las denuncias presentadas en los tribunales federales de Comodoro Py. Entre ellas, la impulsada por el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano y otra presentada por el diputado nacional Esteban Paulón.
La diputada nacional Marcela Pagano presentó este miércoles la denuncia ante la Justicia Federal de Puerto Iguazú para que se investiguen las circunstancias en las que Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina y salió del país en un avión privado.
En el escrito presentado ante la Justicia, el exdiputado libertario solicitó a la Cámara Federal de San Martín que revoque la decisión del magistrado, levante el embargo de $1.000 millones y la prohibición para salir del país y dicte su sobreseimiento.