La decisión fue tomada por la jueza federal Mariel Borruto, en el marco de la acción preventiva por daño ambiental colectivo iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA).
Un estudio técnico incorporado al expediente cuestionó la dimensión de los fondos atribuidos al Grupo Austral: las obras vinculadas a la causa recibieron apenas el 0,85% de los US$ 2.200 millones desembolsados mediante la Fuente 14 entre 2009 y 2015. El documento aporta nuevos elementos para discutir la acusación contra la expresidenta.
La decisión fue adoptada por la Sala I al hacer lugar al recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal contra la resolución dictada el 7 de septiembre por la jueza de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, Marta Pascual. La magistrada había dispuesto la suspensión a partir de un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por una Asociación Civil.
La presentación fue realizada bajo la firma del senador Martín Soria y las senadoras Juliana Di Tullio y María Florencia López, quienes solicitaron incorporar nuevos elementos a la investigación que se inició el 28 de abril de este año.
Los denunciantes solicitaron además que se determine si existieron eventuales responsabilidades de funcionarios argentinos por “omisión de vigilancia, patrullaje” o por no haber promovido actuaciones destinadas a perseguir los hechos denunciados.
El pronunciamiento de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) se conoció luego de la fuerte reacción de la gestión libertaria contra la resolución judicial y de la denuncia penal presentada contra la jueza de Lomas de Zamora por la asociación civil Usina de Justicia.
Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz desestimaron el recurso presentado por Cristina Fernández de Kirchner y cerraron así el último intento por reabrir una investigación sobre presuntas maniobras con contratos de compra de dólares a futuro al inicio del gobierno de Mauricio Macri.
La Cámara Federal ratificó el cierre para todos los imputados, entre ellos agentes de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), al considerar que la prueba central del expediente quedó afectada por fallas en su “preservación, trazabilidad e integridad”.
El expediente se había originado por una denuncia en 2017 contra el entonces ministro de Finanzas por presunta omisión maliciosa en las declaraciones juradas, negociaciones incompatibles, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, incumplimiento de deberes de funcionario público y lavado de activos.
La decisión fue tomada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, en el marco de un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en favor de adolescentes privados de su libertad.