Con cerca de 15.700 sentencias y 28.900 causas resueltas, el Máximo Tribunal superó sus marcas históricas, con una tendencia al alza que se mantiene en los últimos años.
La Cámara en lo Penal Económico, con la firma de los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, sostuvo que el decreto fue dictado durante el período de sesiones ordinarias y no se demostró que el Congreso estuviera impedido de sesionar para tratar una ley sobre el tema. De esta manera, el tribunal respaldó a la Corte Suprema de Justicia.
El proceso judicial se originó en la ciudad de Goya, donde el Tribunal de Juicio de la II Circunscripción Judicial el 25 de febrero pasado halló a los acusados autores y coautores de asociación ilícita y estafa en modalidad continuada.
El juez en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick dispuso "admitir la cautelar solicitada" por el Consejo Interuniversitario Nacional tras la suspensión del Ejecutivo -mediante decreto- de la Ley 27795.
El máximo tribunal penal federal consideró inadmisible el planteo de la querella y dejó firme la continuidad del juez Daniel Rafecas en el expediente por violencia de género que involucra al ex presidente.
Un juez de Bariloche ordenó trabar un embargo preventivo sobre la dieta y el aguinaldo de Lorena Villaverde por un monto de $40,5 millones. La demanda hace referencia al loteo “Tajamar”, ubicado en Las Grutas, donde se comercializaron terrenos en cuotas durante 2020.
Su padre, Miguel Ángel Calvete, preso por una condena previa, es una pieza clave en la maniobra investigada. En un allanamiento al domicilio de la exfuncionaria, la Policía secuestró cerca de 700.000 dólares, entre otras divisas.
El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal contra la senadora, su hijo Francisco Langeri Bullrich, y el fundador de Tostado Café, Fernando Goijman. La denuncia apunta a que se investigue un entramado societario para ocultar el origen de fondos vinculados a la cadena gastronómica con más de 70 locales.
El Juzgado Federal de Campana declaró la invalidez del Artículo 2° del Decreto 681/2025, que promulgó la ley pero suspendió su ejecución. La sentencia ordena la inmediata aplicación en todo el país y tiene efectos expansivos sobre el colectivo de personas con discapacidad, sus familias, cuidadores y prestadores de servicios.
El máximo tribunal rechazó un planteo del Ministerio de Capital Humano y confirmó la obligación de elaborar un plan de entrega para los comedores comunitarios. El caso expuso la retención de cerca de cinco millones de kilos de mercadería.