Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego calificaron de “falsa” la acusación contra la expresidenta y exhibieron una planilla oficial de gastos de Vialidad en conferencia de prensa. En este marco, anticiparon que presentarán un recurso de revisión para suspender o eliminar la condena.
El gobernador bonaerense consideró que la expresidenta "continúa injustamente detenida" (en referencia a la causa Vialidad) y aseguró que el intento de asesinato que sufrió el 1° de septiembre de 2022 "sigue impune".
El jurista Fabián Salvioli, ex presidente del Comité de Derechos Humanos de la ONU, sostuvo que una eventual decisión de ese organismo sobre la presentación realizada por Cristina Fernández de Kirchner tendría carácter vinculante para la Argentina. No obstante, aclaró que el comité no analizará si la ex presidenta es culpable o inocente, sino si el Estado violó derechos garantizados por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos durante el proceso judicial.
El organismo al que recurrió Cristina Kirchner ya intervino ante condenas e inhabilitaciones que impidieron competir electoralmente a dirigentes políticos. Los casos de Lula da Silva, Mohamed Nasheed y Rolandas Paksas, entre otros, marcaron criterios sobre debido proceso, proporcionalidad y derecho a ser elegido.
Los abogados de Cristina Kirchner detallaron su presentación ante la ONU, denunciando graves violaciones a los derechos de la exmandataria en el país.
La presentación ante el Comité de Derechos Humanos reclama suspender su inhabilitación perpetua, modificar las condiciones de su prisión domiciliaria y restablecer la integración de la Corte Suprema.
La expresidenta cuestionó su condena y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, denunció arbitrariedades y "machismo estructural" en la Justicia argentina y explicó por qué decidió recurrir al Comité de Derechos Humanos de la ONU.
La expresidenta presentó su caso ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y publicó una carta abierta en medios de España, Francia y Brasil. Cuestionó las condiciones del proceso judicial que terminó con su condena e inhabilitación perpetua y sostuvo que su caso trasciende su situación personal.
La expresidenta incorporó al abogado brasileño Rafael Valim, especialista en derecho constitucional y derechos humanos. Trabajará junto al español Javier Borrego.
El fallo fue dictado por la Sala IV, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. El voto que condujo la mayoría correspondió a Hornos y recibió la adhesión, en lo sustancial, de Barroetaveña. Borinsky se pronunció en disidencia y propuso levantar el uso de la tobillera electrónica, el régimen restringido de visitas y los límites para acceder a la terraza del edificio.