La expresidenta cuestionó su condena y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, denunció arbitrariedades y "machismo estructural" en la Justicia argentina y explicó por qué decidió recurrir al Comité de Derechos Humanos de la ONU.
La expresidenta presentó su caso ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y publicó una carta abierta en medios de España, Francia y Brasil. Cuestionó las condiciones del proceso judicial que terminó con su condena e inhabilitación perpetua y sostuvo que su caso trasciende su situación personal.
La expresidenta incorporó al abogado brasileño Rafael Valim, especialista en derecho constitucional y derechos humanos. Trabajará junto al español Javier Borrego.
El fallo fue dictado por la Sala IV, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. El voto que condujo la mayoría correspondió a Hornos y recibió la adhesión, en lo sustancial, de Barroetaveña. Borinsky se pronunció en disidencia y propuso levantar el uso de la tobillera electrónica, el régimen restringido de visitas y los límites para acceder a la terraza del edificio.
Luego de que el Tribunal Oral Federal N° 2 rechazara un pedido para flexibilizar las condiciones de detención, la defensa de la expresidenta volvió a cuestionar la continuidad de la tobillera electrónica, el régimen de visitas y las limitaciones para usar la terraza del edificio de San José 1111. Define la Cámara Federal de Casación.
Los fiscales plantearon que la exmandataria incumplió las pautas que se le fijaron cuando fue trasladada para declarar en el juicio por la Causa Cuadernos y cuando este martes se conmemoró el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. "No se han advertido conductas que puedan reputarse incompatibles con las directrices oportunamente establecidas", argumentó el TOF 2.
El planteo surgió luego de que la titular del PJ saliera al balcón de su domicilio en San José 1111 para saludar a la militancia en el marco de la marcha por el 50° aniversario del golpe de Estado.
Organismos y referentes de Derechos Humanos reclamaron este martes al Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 que "evalué la razonabilidad” de las restricciones impuestas a la prisión domiciliaria de la expresidenta “a fin de garantizar la plena vigencia de los principios de igualdad y no discriminación”.
También continúan las restricciones vinculadas a las visitas y uso de la terraza. De esta manera, la sala IV del máximo tribunal penal del país dejó firme en un voto mayoritario las decisiones resueltas por el juez de ejecución de la condena, Jorge Gorini, integrante del Tribunal Oral Federal 2.
La decisión fue confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y adelantada a primera hora por la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que el jueves había revelado los nombres y fotos de manifestantes que enfrentaron a las fuerzas de seguridad.