23.12.2025 / Judiciales
La Justicia declaró inconstitucional el DNU de Milei que decidió que el Ejecutivo administre bienes decomisados en causas de corrupción
La Cámara en lo Penal Económico, con la firma de los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, sostuvo que el decreto fue dictado durante el período de sesiones ordinarias y no se demostró que el Congreso estuviera impedido de sesionar para tratar una ley sobre el tema. De esta manera, el tribunal respaldó a la Corte Suprema de Justicia.
La Cámara Federal en lo Penal Económico declaró nulo el decreto de necesidad y urgencia (DNU) del presidente Javier Milei que se reservaba para el Poder Ejecutivo la administración de los bienes decomisados en la causas judiciales de corrupción. De esta manera, el tribunal respaldó a la Corte Suprema de Justicia, que había dictado una norma en la que se reservaba la facultad de registrar y administrar los bienes decomisados en las causas federales.
La Cámara en lo Penal Económico, con la firma de los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, sostuvo que el decreto fue dictado durante el período de sesiones ordinarias y no se demostró que el Congreso estuviera impedido de sesionar para tratar una ley sobre el tema.
El tribunal cuestionó la “razones tan genéricas” invocadas en la supuesta urgencia y añadió: “La Constitución no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio” de un decreto.
Tampoco podía justificarse en la necesidad de contar con recursos para la implementación del Código Procesal Penal Federal, ya que su aplicación ya rige en varias provincias y hay un cronograma previsto para las jurisdicciones que faltan. Ni ampararse en las obligaciones asumidas, como Estado, ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El fallo de la Cámara en lo Penal Económico, que dictó la nulidad del DNU el jueves pasado, se registró en una causa en donde se decide el destino del dinero secuestrado en un caso por lavado de dinero contra el financista Guillermo Greppi.
El juez de primera instancia aplicó el DNU 575/2025 para ordenar que las sumas de dinero secuestradas en 2016 en la casa de Greppi (procesado por lavado de activos) fueran puestas a disposición del Ministerio de Justicia de la Nación.
Eso implicaba que los bienes fueran a manos del Estado Nacional. Pero ante un recurso de la defensa, el juez analizó entonces el decreto y declaró su inconstitucionalidad. El Estado Nacional y la Fiscalía apelaron. Pero la Cámara en lo Penal Económico ratificó la inconstitucionalidad del DNU.
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