La Cámara Federal ratificó el cierre para todos los imputados, entre ellos agentes de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), al considerar que la prueba central del expediente quedó afectada por fallas en su “preservación, trazabilidad e integridad”.
Presentaron una denuncia penal contra Marta Elba Pascual, la jueza que había suspendido durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. La entidad la acusó de usurpación funcional y abuso de autoridad.
El expediente se había originado por una denuncia en 2017 contra el entonces ministro de Finanzas por presunta omisión maliciosa en las declaraciones juradas, negociaciones incompatibles, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, incumplimiento de deberes de funcionario público y lavado de activos.
Uno de los principales argumentos de la Cámara Federal es que en el préstamo de 2018 no aparecían “conductas penalmente relevantes”, a pesar de las objeciones de irregularidades administrativas que marcó la Fiscalía.
Para los jueces a cargo de la causa, la operatoria “se desenvolvió en el marco de un negocio de por sí volátil, caracterizado por la ausencia de regulación financiera y una fuerte exposición al riesgo, circunstancias que resultaban conocidas por quienes decidieron operar en ese ámbito”.
Este martes se realizó el primer plenario del organismo luego de nueves meses sin actividad y con un integrante menos, por el fallo de la Corte contra Martín Doñate. "El Consejo no está presidido por ley, está presidido por alguien que decidió casi dictatorialmente que funcione de esta manera", críticaron a Rosatti.
El titular del máximo tribunal explicó por qué aceptaron la invitación al Congreso, a pesar de las críticas que esperaban del Presidente. "No pensamos en retirarnos. Nos miramos con Rosenkrantz, pero no", expresó el presidente de la Corte.
La comisión tiene previsto votar el 9 de febrero el dictamen para establecer la admisibilidad de las 14 acusaciones contra los miembros del máximo tribunal por los fondos coparticipables, "irregularidades y desmanejos" en la Obra Social del Poder Judicial e incumplimientos en sus deberes.
Si bien se logró la aprobación general del proyecto para el 2023, con 134 votos en contra los bloques opositores frenaron las Ganancias para el Poder Judicial.
El espacio liderado por el exintegrante de la fuerza bonaerense condenado a dos años de prisión por la muerte de Juan Pablo Kukoc, brindará apoyo legal a Facundo Amendolara, el uniformado que baleó al exlíder de Tan Biónica.