Los fondos presentaron un escrito donde indicaron que buscarán la forma de devolverlas porque no tienen intención de administrar la compañía. En paralelo, el Gobierno sostuvo que no habrá diálogo pese al reciente cambio de posición de los buitre.
Con la firma del juez Eduardo Farah, la Cámara consideró que "los hechos objeto de querella no constituyen delito". De esta manera, ratificó el fallo de Rafecas, que había cerrado el caso por “inexistencia de delito”.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito ratificó la decisión en primera instancia de la jueza Loretta Preska vinculado a los datos de crecimiento del país durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 rechazó los cuestionamientos que habían presentado los abogados de la ex presidenta y advortió que si no se cumple el plazo, la instancia siguiente será la ejecución de los bienes hasta llegar a cubrir la cifra que se fijó como el decomiso.
El juez ordenó custodia para la periodista, lo que sugiere que su exposición pública y la gravedad de las amenazas ameritan reforzar su seguridad. La denuncia también va dirigida a Lilia Lemoine, Agustín Romo, Franco Iván Jeremías Antunes Puchol (@FranFijap), entre otros.
Los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado confirmaron la decisión de primera instancia que declaró la invalidez constitucional de los artículos 2° y 3° del DNU N°340/25 por imponer modificaciones al derecho a huelga a través de una medida que no justificó los requisitos de necesidad y urgencia que habilitaran a eludir el trámite constitucional de sanción de las leyes.
Los jueces de la Sala IV además desistieron del recurso de Casación interpuesto por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes habían solicitado que la expresidenta cumpliese su pena dentro de la órbita del Servicio Penitenciario Federal. También rechazaron el pedido que formularon para que la pena se ejecutase en otro domicilio distinto al actual.
Lo hizo en una causa presentada por un trabajador, quien demandó a las empresas Telecom Argentina S.A., Tel 3 S.A. y Cotelar S.R.L. por diversos créditos salariales y por una indemnización por despido.
La funcionaria bonaerense estaba con arresto domiciliario por orden de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, y fue excarcelada por el tribunal de apelaciones.
El criterio de Mario Villar se opone a las consideraciones de sus colegas, Diego Luciani y Sergio Mola, quienes habían apelado a la prisión domiciliara que se le otorgó a la exmandataria.