La decisión fue tomada por el presidente de la Cámara Federal de Comodoro Py, Mariano Llorens, al resolver un conflicto de competencia entre los juzgados.
En base a la evidencia recolectada en 20 días de secreto de sumario, la fiscalía entiende que estos sucesos "habrían ocasionado un perjuicio patrimonial al Estado Nacional y, en particular, a los destinatarios de las políticas públicas de discapacidad".
Tras el levantamiento del secreto de sumario, los investigadores, bajo la órbita del juez federal Sebastián Casanello, están revisando la prueba recolectada y ya tienen "indicios de direccionamiento y de compras por encima del valor de mercado". Los detalles.
Lijo fue quien confirmó la incompetencia de la magistrada. Mientras tanto, la comisión investigadora en Diputados estableció que convocará para este mes a declarar a Karina Milei.
La decisión del tribunal, integrado por los jueces Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas, anula la resolución del pasado 18 de julio de la jueza federal subrogante de Río Gallegos, Mariel Borruto.
La presentación, que recayó en el juzgado federal N° 10, fue por “resistencia a la autoridad, encubrimiento y falso testimonio”. Se trata de un nuevo acto de entorpecimiento de la labor de la Justicia por parte del entorno de la familia Kovalivker.
Se trata de Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze, quienes notificaron su apartamiento del caso a través de un escrito presentado a la Justicia. Los abogados alegaron “motivos personales”.
La medida se produce luego de la declaración indagatoria del ex asesor presidencial Fernando Cerimedo, quien se presentó a los tribunales para contar detalles de sus conversaciones con el ex titular del ANDIS Diego Spagnuolo, quien le había anticipado la existencia de un sistema de recaudación ilegal en base a retornos indebidos.
Los fiscales sostienen en el escrito de 42 páginas que hay elementos suficientes para endilgarle a la magistrada los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.
El Juzgado Federal N°2 de Mendoza suspendió la Resolución N° 1240/25 del Ministerio de Economía y le ordenó a Nación que se abstenga de llevar a cabo “cualquier acto administrativo” que derive de la norma suspendida incluyendo cesantías del personal o eliminación de estructuras.