Thiago Román Florentín, de 22 años, es por ahora el único imputado en la causa iniciada en los tribunales federales de Lomas de Zamora. El juez Armella le impuso al joven una serie de "normas de conducta" que deberá cumplir y además le trabó un embargo de $ 1 millón.
Los denunciantes del partido acusan al magistrado de mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones por haber dispuesto la medida cautelar que para la oposición, juristas y colegios de abogados supone una flagrante violación de un derecho humano como es la libertad de expresión.
El juez Rolando Duarte tiró por la borda los argumentos de la defensa. De todos modos, su decisión puede ser apelada ante una instancia superior que debería revisarla. Mientras tanto, el proceso continúa.
La presentación fue realizada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad con el objetivo de que Marianello sea apartado de su cargo "por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones"
La pericia descartó que el disparo se haya efectuado a 45° hacia arriba o entre los 30° y 45° hacia abajo, como obliga el manual de las pistolas lanza gases. De esta forma, se estableció que Héctor Jesús Guerrero disparó de forma recta, lo que supone una intención no de disuasión en el contexto de una manifestación sino de causar daño directo.
Apenas se abrió la causa y se ordenaron procedimientos, el magistrado impuso el secreto de sumario, lo que implica que los imputados -ante la prórroga- seguirán sin tener acceso al expediente.
El ex integrante de la Corte Suprema calificó de "lamentable" el fallo de juez federal y consideró que "es raro que el gobierno que termina todas las alocuciones con un '¡Viva la libertad!' esté yendo en contra de la libertad de expresión".
El fallo prohíbe que medios de comunicación, redes sociales y otras plataformas emitan las grabaciones realizadas en la Casa Rosada.
La orden fue dictada por el juez federal de Dolores Martín Bava en el marco de un amparo presentado por la Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Eduardo Kovalivker se encontraba prófugo de la justicia desde la semana pasada, llegó acompañado de su abogado y permaneció poco más de una hora en la fiscalía. Su entorno justificó su ausencia previa alegando que había sufrido un pico de presión alta.