La compañía HTECH Innovation SA, constituida en abril de 2024, proveía "servicios tecnológicos" a la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (Osprera), actualmente intervenida por el Poder Ejecutivo. Hay una investigación judicial y dos auditorías en marcha.
La orden se conoció este martes después de que los abogados del Estado argentino presentaran un escrito ante la Corte de Apelaciones para sostener la suspensión del fallo de Loretta Preska que obliga a ceder el control de YPF.
Así lo estableció la jueza Martina Isabel Forns, a cargo del Juzgado Federal Civil Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín y quien ordenó al Gobierno que “se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo” que derive de la aplicación del decreto 462/25. Los detalles.
La acusación contra el Presidente aparece en un escrito que los impulsores de la “class action” presentaron ante la jueza federal Jennifer Rochon para solicitar que se prolongue el congelamiento temporario de más de USD 57 millones depositados en billeteras virtuales del estadounidense Hayden Davis. Los promotores de la demanda pretenden mantener la medida hasta el final del proceso.
El gremio denunció que la aprobación de dicha ley se llevó adelante mediante “un proceso viciado por corrupción”. El fallo firmado por el juez Diego Martín Cormick reconoce la “legitimidad de la acción colectiva impulsada” y sugiere que los hechos denunciados “presentan verosimilitud en el derecho invocado”.
La Cámara rechazó un recurso de la querella y de esa manera quedó firme el sobreseimiento de los tres peritos involucrados: Alejandro Heredia, Camila Dafne Seren y Pablo Kaplan.
La jueza federal reafirmó su decisión y negó una posible parcialidad en la causa, al ser la exesposa del fiscal Alberto Nisman. También se refirió a las reiteradas amenazas realizadas por otros funcionarios públicos, como el propio Espert pidiendo "cárcel o bala" para los opositores al Gobierno de Milei.
El efectivo será indagado el próximo 2 de septiembre a las 10 de la mañana. La medida fue dispuesta tras avanzar con la hipótesis de que el disparo que impactó en la cabeza de Grillo provino del arma que portaba Jesús Héctor Guerrero. A su vez, la Justicia le prohibió al gendarme la salida del país y se ordenó la reconstrucción detallada del hecho.
La magistrada argumentó que tanto la funcionaria del gobierno bonaerense como la concejala de Quilmes “formaron parte, en carácter de organizadoras, de una agrupación que tenía por finalidad condicionar la actuación presente y/o futura del diputado”. Además, les dictó un embargo de 5 millones de pesos.
La medida fue dispuesta a partir de la presentación de pruebas por parte de la víctima, las cuales no solo comprometerían al concejal salteño sino que también involucran directamente a la legisladora nacional Emilia Orozco.