El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín ratificó una cautelar presentada por ATE y ordenó al Ejecutivo dejar sin efecto la resolución que afectaba a 300 trabajadores del organismo.
Así lo definió la Comisión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires. De esta manera, investigarán si incurrió en un delito y, mientras tanto, no será posible su renuncia y queda suspendida.
El custodio del barrio declaró ante la Justicia en calidad de imputado de encubrimiento. En ese marco, negó haber avisado a los dueños del laboratorio Suizo Argentina y dijo que sólo quería “saber qué estaba pasando".
Se trata de uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, quien fue acompañado por su abogado, Martín Magram, después de que la Justicia lo buscara sin éxito desde el jueves pasado.
La medida se dispuso a través de un oficio al Banco Central (BCRA). El argumento de la decisión se basa en la presunción de la existencia de documentos y dinero en las cajas. De esa manera, la Justicia busca evitar que se eliminen pruebas.
El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se había mudado a una vivienda del partido bonaerense de Pilar y estaba dentro de un auto Volkswagen Nivus cuando lo encontraron los efectivos policiales.
Luego de las detenciones de Ariel García Furfaro, junto con directivos, accionistas y directores técnicos, se impulsó la investigación sobre la tarea de los organismos públicos encargados del controlar de los laboratorios.
De 20 historias clínicas sobre 100 bajo estudio, el informe revela que el medicamento adulterado contribuyó en la muerte de 12 pacientes, pero no se lo puede asociar de manera directa por las graves enfermedades que cursaban.
Se trata del segundo fallo favorable en favor de la Argentina en los últimos días, luego de que la Cámara de Apelaciones de Nueva York mantuviera suspendida la orden de la jueza Loretta Preska que obliga al Estado nacional a entregar el 51% de las acciones de YPF.
El Juzgado Federal N° 4, a cargo del magistrado Alberto Recondo, resolvió que la publicación no constituía un acto estatal ni un agravio directo al niño, al mismo tiempo que ordenar la eliminación de ese posteo implicaría una censura previa prohibida por la Constitución.