La Justicia Federal allana este jueves la casa y el despacho del excandidato libertario en Beccar, en el marco de la causa que investiga sus vínculos con el empresario narco Fred Machado y el pago que recibió en 2020. El operativo estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA).
El TOF 6 condenó a Fernando Sabag Montiel a 10 años de prisión por el intento de asesinato de la ex presidenta y le impuso una pena única de 14 años de prisión al unificarla con una condena anterior. Para Brenda Uliarte, como partícipe necesaria, la condena fue a 8 años.
La Sala II de la Cámara de Casación hizo lugar al recurso de la defensa y desplazó al juez Julián Ercolini en la causa por violencia de género contra el expresidente. El tribunal sostuvo la validez de todo lo actuado y remitió el expediente a la Cámara Federal para que designe nuevo magistrado.
Víctor Sotacuro y Florencia Ibañez pusieron fin al pacto de silencio y aportaron información de relevancia para la causa. La Justicia ya estableció el secreto de sumario.
El ministro de Seguridad de Jujuy, Juan Manuel Pulleiro, confirmó que Lázaro Víctor Sotacuro, quinto implicado en el triple femicidio ocurrido en Florencio Varela, ya fue detenido. Previamente, Interpol emitió una notificación roja para la captura internacional del socio del líder narco "Pequeño J", señalado como el presunto autor intelectual.
La expresidenta no deberá pagar los $22.300 millones que el organismo Vialidad le reclamaba a ella y al resto de los condenados en la causa que tramitó en paralelo a la penal.
El magistrado respondió negativamente al pedido que realizaron los abogados de Jonathan Kovalivker, presidente de la compañía; de su hermano, Emmanuel, y de su padre, Eduardo. Los detalles.
La decisión fue tomada por el presidente de la Cámara Federal de Comodoro Py, Mariano Llorens, al resolver un conflicto de competencia entre los juzgados.
En base a la evidencia recolectada en 20 días de secreto de sumario, la fiscalía entiende que estos sucesos "habrían ocasionado un perjuicio patrimonial al Estado Nacional y, en particular, a los destinatarios de las políticas públicas de discapacidad".
Tras el levantamiento del secreto de sumario, los investigadores, bajo la órbita del juez federal Sebastián Casanello, están revisando la prueba recolectada y ya tienen "indicios de direccionamiento y de compras por encima del valor de mercado". Los detalles.