El llamado se suma a la resolución del juez Sebastián Casanello que había ordenado que "informen el plan de distribución de estas 5.000 toneladas de comida que se encuentran en los depósitos sin repartir", pero que fue apelada por Capital Humano.
La Tabacalera Sarandí había solicitado la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 103, 104 y 106 de la Ley 27.430, que establecen montos mínimos para los productos que comercializa, incluyendo toscanos, puros, cigarrillos y tabacos. La decisión del máximo tribunal se centró en cuatro recursos de queja entre ellos de la AFIP.
El máximo tribunal argentino confirmó la sentencia de la Cámara y dejó sin efecto el ajuste fiscal solicitado por la AFIP. Este fallo representa un importante precedente en materia tributaria y fortalece la posición de Vicentin en este litigio millonario.
Ahora, la atención se centra en la respuesta que Argentina brindará ante esta solicitud de la jueza Loretta Preska, así como en el posible impacto que esta decisión pueda tener en el desarrollo futuro del caso y en las finanzas del país.
La Corte Suprema argumentó que la interpretación de la prueba por parte de la Cámara de Casación fue arbitraria, lo que lleva a la reapertura del proceso judicial contra López y De Souza por defraudación a la administración pública.
La Comisión Provincial por la Memoria a cargo de Adolfo Pérez Esquivel había sido rechazada previamente por cuestiones burocráticas. La decisión de restituir a la CPM como querellante ahora recae en la Cámara Federal de Casación.
Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah ratificaron el embargo, mientras que aún está pendiente la revisión del procesamiento. El tercer integrante del tribunal, Roberto Boico, votó en disidencia y se inclinó por la nulidad de la resolución.
Se trata de Norma Abate de Mazzuchelli quien podría enfrentar entre uno y cuatro años de prisión. La jueza está siendo imputada bajo el artículo 266 del Código Penal. La Comisión Directiva de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina ha decidido suspender a Abate de su cargo de vicepresidenta.
Lo hizo la Superintendencia de Servicios de Salud en la presentación judicial. El próximo 27 de mayo habrá una audiencia por cómo devolverán el dinero que cobraron por demás a los afiliados.
Luego de hacer lugar al amparo, la jueza Elena Amanda Liberatori recibió la información requerida por parte de la Ciudad y de SBASE, por lo que ordenó dejar sin efecto la precautelar.