El fiscal solicitó a la cartera de Sandra Pettovello “con carácter de urgente” una serie de documentos vinculados a las contrataciones que se hicieron mediante la OEI y citó a declarar como testigo a Alejandro Schiavi, subsecretario de Gestión Administrativa de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio.
La decisión fue tomada por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico. Cada uno en su voto llegó a la misma conclusión: no solo respaldaron a Casanello sino que convalidaron su actuación en el marco de una cautelar que el Gobierno no podía desoir.
Tras el procedimiento que se hizo en el depósito de Villa Martelli por orden del juez federal Sebastián Casanello, se encontraron "una multiplicidad de divergencias” entre lo que el Gobierno informó y lo que se encontró en el lugar. Falta comida y los alimentos vencidos ya no se encuentran en el lugar.
La entidad internacional de juristicas salió a respaldar la candidatura del juez federal Ariel Lijo para intergrar el máximo tribunal argentino. "Es un juez preparado y serio", dijo el presidente de la WJA.
El jurado definió por unanimidad que el empresario estuvo detrás de la trama de sobornos a Stormy Daniels, con el fin de encubrir los encuentros que habían mantenido para que no lo perjudicaran en sus aspiraciones políticas. De esta manera, se convirtió en el primer ex presidente estadounidense en ser condenado penalmente.
El llamado se suma a la resolución del juez Sebastián Casanello que había ordenado que "informen el plan de distribución de estas 5.000 toneladas de comida que se encuentran en los depósitos sin repartir", pero que fue apelada por Capital Humano.
La Tabacalera Sarandí había solicitado la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 103, 104 y 106 de la Ley 27.430, que establecen montos mínimos para los productos que comercializa, incluyendo toscanos, puros, cigarrillos y tabacos. La decisión del máximo tribunal se centró en cuatro recursos de queja entre ellos de la AFIP.
El máximo tribunal argentino confirmó la sentencia de la Cámara y dejó sin efecto el ajuste fiscal solicitado por la AFIP. Este fallo representa un importante precedente en materia tributaria y fortalece la posición de Vicentin en este litigio millonario.
Ahora, la atención se centra en la respuesta que Argentina brindará ante esta solicitud de la jueza Loretta Preska, así como en el posible impacto que esta decisión pueda tener en el desarrollo futuro del caso y en las finanzas del país.
La Corte Suprema argumentó que la interpretación de la prueba por parte de la Cámara de Casación fue arbitraria, lo que lleva a la reapertura del proceso judicial contra López y De Souza por defraudación a la administración pública.