Ahora, la atención se centra en la respuesta que Argentina brindará ante esta solicitud de la jueza Loretta Preska, así como en el posible impacto que esta decisión pueda tener en el desarrollo futuro del caso y en las finanzas del país.
La Corte Suprema argumentó que la interpretación de la prueba por parte de la Cámara de Casación fue arbitraria, lo que lleva a la reapertura del proceso judicial contra López y De Souza por defraudación a la administración pública.
La Comisión Provincial por la Memoria a cargo de Adolfo Pérez Esquivel había sido rechazada previamente por cuestiones burocráticas. La decisión de restituir a la CPM como querellante ahora recae en la Cámara Federal de Casación.
Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah ratificaron el embargo, mientras que aún está pendiente la revisión del procesamiento. El tercer integrante del tribunal, Roberto Boico, votó en disidencia y se inclinó por la nulidad de la resolución.
Se trata de Norma Abate de Mazzuchelli quien podría enfrentar entre uno y cuatro años de prisión. La jueza está siendo imputada bajo el artículo 266 del Código Penal. La Comisión Directiva de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina ha decidido suspender a Abate de su cargo de vicepresidenta.
Lo hizo la Superintendencia de Servicios de Salud en la presentación judicial. El próximo 27 de mayo habrá una audiencia por cómo devolverán el dinero que cobraron por demás a los afiliados.
Luego de hacer lugar al amparo, la jueza Elena Amanda Liberatori recibió la información requerida por parte de la Ciudad y de SBASE, por lo que ordenó dejar sin efecto la precautelar.
La decisión la tomó la jueza Elena Liberatori en el marco de un amparo colectivo promovido por legisladores del PTS-FIT. En el fallo, indica que la medida fue tomada “en virtud de la ausencia de la información vinculada a la participación ciudadana desarrollada en la audiencia pública".
El Juzgado Civil y Comercial Federal N°3 había ordenado la semana pasada a 23 prepagas retrotraer las cuotas a diciembre y ajustarlas por IPC. Además, había dado un plazo de cinco días para devolver el dinero, el cual iba a correr desde el lunes próximo hasta el viernes. Sin embargo, recién el 27 de mayo habrá una audiencia y allí se resolverá cómo sigue el conflicto.
El fiscal argumentó que no corresponde concederle el beneficio de “exención de prisión” al acusado y que además ninguna de las medidas alternativas a la detención es suficiente para evitar el riesgo de fuga.