La exesposa de Claudio Paul Caniggia había declarado que tenía información sobre el negocio realizado por el exfutbolista y el expresidente Mauricio Macri con la energía eólica pero no se encuentra en el país aunque pidió hacer la audiencia en formato virtual. Por otro lado, Mariano Macri no pudo ser ubicado por la Justicia para que rinda cuentas.
La comisión de Acusación y Disciplina del organismo comenzará esta semana a pedir medidas de prueba para analizar la conducta de Gustavo Hornos, el jefe del máximo tribunal penal del país, quien fue denunciado por haber mantenido seis encuentros privados con el ex presidente entre 2015 y 2018, siempre seguidos de fallos contra el kirchnerismo. Mirá qué pasará.
Por la causa en la que se investiga el meganegociado del macrismo con la compra-venta de parques eólicos, el juez federal Marcelo Martinez de Giorgi convocó a declarar "en calidad de testigos" bajo juramento y “de manera presencial” a la ex mujer de Claudio Caniggia y a Mariano Macri, el hermano del ex presidente que lo destrozó en un libro pero se "arrepintió" y ahora quiere frenar.
La OA denunció al ex multiministro de Macri por su paso por Comunicaciones, al ex titular de Medios y a los tres presidentes que esa gestión colocó en la prestigiosa compañía pública por distintas irregularidades que tuvieron lugar allí durante el macrismo y que le habrían producido daños millonarios al Estado. La paralización del Arsat III, el tercer satélite argentino, en el centro de la escena.
Se presentó la mitad de los que se inscribieron: 55 de 110. "Pasa especialmente en cargos donde sin aval político no llegas, como es este caso para la Cámara Federal", comentaron. Algunos de los que no fueron son jueces de Comodoro Py.
El fiscal de reconocida cercanía con Macri que sigue en su cargo a pesar de estar procesado por espionaje ilegal y extorsiones pidió que se investigue la acusación contra el jefe de Gobierno porteño y su ministro de Salud por firmar convenios con obras sociales y prepagas para entregarles dosis exclusivas para sus afiliados. La última palabra la tiene el juez Lijo, también macrista.
El empresario fue condenado por el TOF 4 a 12 años de prisión por lavado de dinero por USD 55 millones entre 2003 y 2015. La decisión podría inscribirse dentro del lawfare contra Cristina, ya que buscan usar como delito precedente a la obra pública en Santa Cruz, que se investiga en otro juicio en el que hasta los testigos de la fiscalía y pericias niegan ilícitos.
El juez federal de Dolores pidió unificar las causas de espionaje que hoy transitan en Dolores, Lomas de Zamora, Comodoro Py y Mar del Plata ya que "en todos los casos nos encontramos ante maniobras de espionaje político desarrolladas en un mismo período de tiempo, con idénticos y similares actores, víctimas y modus operandi".
El fiscal federal, uno de los señalados como integrante del lawfare contra el peronismo, imputó al ex ministro de Salud y a su sobrino y ex jefe de Gabinete de la cartera por las múltiples denuncias presentadas en Comodoro Py, que se concentran en el juzgado de Capuchetti. Además, solicitó allanar el edificio de la depedencia sanitaria y el Hospital Posadas.
La primera de las denuncias cayó en el Juzgado Criminal y Correcional Federal número 5, a cargo de Capuchetti y el fiscal interviniente es Eduardo Taiano. Las otras denuncias recayeron en el Juzgado Federal Número 6 que estaba a cargo de Canicoba y cuya subrogante es la jueza cercana a Daniel Angelici.