Malas noticias para el expresidente. El magistrado será el reemplazante del camarista Carlos Mahiques, quien fue recientemente desplazado de la causa que investiga el espionaje ilegal macrista a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan después de que la querella estableciera su amistad con Macri, uno de los imputados.
La defensa de la Vicepresidenta, Alberto Beraldi, pidió que revoquen la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, mientras que el fiscal federal solicitó que se agrave la condena de la ex presidenta y se sume el delito de asociación ilícita, por el que en el juicio Cristina fue absuelta.
La decisión fue de la sala IV del máximo tribunal penal federal del país que entendió que hubo un análisis "parcial" de los hechos por parte de la justicia de primera instancia y de la Cámara Federal porteña.
La hija de la Vicepresidenta se refirió a los "graves y violentos dichos" contra su persona y la de su madre durante el jueves 6 de abril en un programa televisivo, en donde señalaron que sufría una supuesta "anorexia nerviosa" como consecuencia de la "falta de madre".
Se trata de la empresa Beat, dedicada a conectar usuarios a través de una aplicación para realizar viajes en automóvil. El organismo a cargo de Carlos Castagneto pidió la cautelar para asegurar el cobro adeudado de aportes, contribuciones, intereses y multas de la seguridad social luego de que la firma decidiera cesar sus actividades en la Argentina.
Los jueces Daniel Antonio Petrone y Diego Barroetaveña consideraron que los representantes legales de la vicepresidenta no lograron demostrar la asociación ilícita y Ezequiel Morel, Leonardo Franco Sosa, Gastón Guerra y Nilda Sabrina Basile quedaron sin prisión preventiva.
El ex ministro de Justicia de la Nación expuso en la Comisión de Juicio Político de Diputados. Admitió tener vínculos con el operador judicial de Mauricio Macri, quien hoy se encuentra prófugo en Uruguay.
El inspector general de Justicia, Ricardo Augusto Nissen, pidió investigar judicialmente a los responsables del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, asociación civil que preside la titular del PRO, para definir si ciertas inversiones que recibió la institución fueron utilizadas para su campaña política.
El nuevo sospechoso fue detenido por su presunto involucramiento en el robo del auto que luego fue usado por los delincuentes que participaron del asesinato de Daniel Barrientos.
La decisión fue adoptada por la sala primera de la Cámara Federal porteña un día después de que el juez federal Daniel Rafecas procesara con prisión preventiva a Finnen y a otros cuatro exagentes de la SIDE.