La Cámara Federal ratificó el cierre para todos los imputados, entre ellos agentes de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), al considerar que la prueba central del expediente quedó afectada por fallas en su “preservación, trazabilidad e integridad”.
El expediente se había originado por una denuncia en 2017 contra el entonces ministro de Finanzas por presunta omisión maliciosa en las declaraciones juradas, negociaciones incompatibles, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, incumplimiento de deberes de funcionario público y lavado de activos.
La decisión fue tomada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, en el marco de un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en favor de adolescentes privados de su libertad.
La medida fue adoptada por el juez federal Ariel Lijo luego del pedido de la defensa del exfuncionario de Javier Milei, que había cuestionado la decisión de analizar 58 archivos.
Uno de los principales argumentos de la Cámara Federal es que en el préstamo de 2018 no aparecían “conductas penalmente relevantes”, a pesar de las objeciones de irregularidades administrativas que marcó la Fiscalía.
Para los jueces a cargo de la causa, la operatoria “se desenvolvió en el marco de un negocio de por sí volátil, caracterizado por la ausencia de regulación financiera y una fuerte exposición al riesgo, circunstancias que resultaban conocidas por quienes decidieron operar en ese ámbito”.
El consultor político será trasladado a la cárcel de Chonchocoro, ubicado en La Paz, donde deberá cumplir seis meses de prisión preventiva por el delito de enriquecimiento ilícito. Actualmente se encuentra en la cárcel de Palmasola, en la que cumple prisión preventiva por el presunto delito de tentativa de femicidio contra su expareja.
La jura se realizó un día después de que el presidente Javier Milei oficializó los nombramientos con dos decretos publicados en el Boletín Oficial.
La jueza federal de Río Grande Mariel Borruto le pidió opinión al fiscal federal para que se expida sobre la competencia del juzgado y sobre el carácter colectivo del proceso que busca frenar el proyecto petrolero Sea Lion o “León Marino”, que las empresas Rockhopper Exploration, de origen británico, y Navitas Petroleum, de capitales israelíes, intentan desarrollar en la Cuenca Malvinas Norte.
Los pliegos de los jueces fueron aprobados el pasado 27 de agosto por el Senado. Yadarola obtuvo el visto bueno por unanimidad por 66 votos, mientras que Bertuzzi, que fue resistido por la oposición, alcanzó los 44 votos.