También fueron procesadas otras 18 personas, a quienes se las acusa de haber conformado una presunta asociación ilícita. En paralelo, la Cámara Federal rechazó un planteo realizado por la defensa de otro de los imputados que pedía anular la causa.
El juez Rodrigo Giménez Uriburu concluyó que la expresidenta respetó las pautas fijadas por el tribunal durante el período evaluado. Para resolver la continuidad de la medida, el TOF N° 2 revisó los reportes elaborados por la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica y la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.
La decisión de Daniel Rafecas se produjo en una causa que avanza contra acusados que permanecen prófugos fuera del país y que, de acuerdo con la Justicia argentina, fueron informados de las imputaciones y de los pedidos de extradición sin presentarse ante los tribunales argentinos.
La decisión fue tomada por la jueza federal Mariel Borruto, en el marco de la acción preventiva por daño ambiental colectivo iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA).
Un estudio técnico incorporado al expediente cuestionó la dimensión de los fondos atribuidos al Grupo Austral: las obras vinculadas a la causa recibieron apenas el 0,85% de los US$ 2.200 millones desembolsados mediante la Fuente 14 entre 2009 y 2015. El documento aporta nuevos elementos para discutir la acusación contra la expresidenta.
La decisión fue adoptada por la Sala I al hacer lugar al recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal contra la resolución dictada el 7 de septiembre por la jueza de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, Marta Pascual. La magistrada había dispuesto la suspensión a partir de un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por una Asociación Civil.
La presentación fue realizada bajo la firma del senador Martín Soria y las senadoras Juliana Di Tullio y María Florencia López, quienes solicitaron incorporar nuevos elementos a la investigación que se inició el 28 de abril de este año.
Los denunciantes solicitaron además que se determine si existieron eventuales responsabilidades de funcionarios argentinos por “omisión de vigilancia, patrullaje” o por no haber promovido actuaciones destinadas a perseguir los hechos denunciados.
El pronunciamiento de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) se conoció luego de la fuerte reacción de la gestión libertaria contra la resolución judicial y de la denuncia penal presentada contra la jueza de Lomas de Zamora por la asociación civil Usina de Justicia.
Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz desestimaron el recurso presentado por Cristina Fernández de Kirchner y cerraron así el último intento por reabrir una investigación sobre presuntas maniobras con contratos de compra de dólares a futuro al inicio del gobierno de Mauricio Macri.