26.08.2026 / POLÉMICA
Intervención del Puerto de Ushuaia: cómo se gestó la decisión de Milei y por qué vulnera el principio de soberanía
La decisión del Gobierno nacional de intervenir la terminal fueguina generó un fuerte rechazo de la Provincia y abrió una disputa que se profundizó con la llegada de un avión militar estadounidense y, meses después, de un buque británico. El conflicto por su control continúa vigente.
En las últimas horas, el Gobierno buscó sacar dramatismo al episodio del buque británico que amarró en el Puerto de Ushuaia y que despertó el rechazo tanto del gobierno provincial de Gustavo Melella como de varios sectores que elevan el reclamo por la soberanía. En ese marco, volvió a ponerse de relieve la polémica por la intervención del área por parte del Gobierno a principios de año, a la que le siguieron varias inconsistencias y la cual entra en tensión con los principios de protección del territorio al que, en teoría, el oficialismo adhiere.
Durante los últimas días de enero, a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), el Gobierno anunció una intervención inicial por 12 meses, prorrogable, del Puerto de Ushuaia, que quedó formalizada mediante la Resolución 4/2026. El organismo nacional justificó la medida a partir de inspecciones que, según sostuvo, detectaron irregularidades financieras, problemas administrativos y deficiencias en la infraestructura, entre ellas pilotes faltantes en el sitio 3, defensas deterioradas y problemas en el tablestacado.
Sin embargo, desde Tierra del Fuego rechazaron esos argumentos y emitieron una ofensiva judicial para recuperar el manejo de la terminal. En ese marco, Melella advirtió que la medida constituye “un atropello a la autonomía provincial y al federalismo” y negó que existan desvíos de recursos: “No hay malversación ni desvío de fondos. Todo lo que ingresa al puerto se reinvierte y está auditado”. La provincia también cuestionó que la resolución nacional primero suspendiera la habilitación de la terminal y luego dejara sin efecto esa misma suspensión para garantizar que la actividad continuara.
La ASPyN se escudó en el argumento de que, según la auditoría, el 33% del presupuesto fue destinado a subsidios provinciales y apenas el 1,3% a obras y servicios portuarios; mientras que desde el entorno de Melella sostienen que los fondos fueron utilizados y auditados dentro del marco provincial.
La disputa adquiere, sin dudas, mayor relevancia ante la importancia estratégica de Ushuaia para la actividad antártica y el Atlántico Sur. La intervención coincidió con una temporada récord de cruceros, con más de 100.000 pasajeros y una agenda de arribos que se extiende hasta abril, como también con un encuentro entre el presidente Milei y Donald Trump. A ello, la administración fueguina añadió el hecho de que habían finalizado en aquel momento las obras realizadas en el muelle y la ampliación de 104 metros que permitió aumentar su capacidad operativa.
La polémica por las naves extranjeras
En ese contexto apareció otro episodio que alimentó las sospechas en Tierra del Fuego: el aterrizaje en Ushuaia de un Boeing C-40 Clipper de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, perteneciente al Departamento de Defensa, sin información pública sobre sus pasajeros ni sobre el motivo de la visita. El avión había partido de la base de Andrews, hizo escalas en Puerto Rico y Buenos Aires y llegó a la capital fueguina en medio del hermetismo oficial, mientras comenzaron a circular versiones sobre eventuales acuerdos entre Milei y Trump vinculados con el puerto y el interés estadounidense en la Antártida.
Incluso, la CGT de Ushuaia advirtió sobre la eventual participación estadounidense en la operatoria portuaria. “El puerto de Ushuaia no es un negocio más: es un punto geopolítico clave para la defensa soberana del Atlántico Sur, las Malvinas y la Antártida”, enfatizaron.
La polémica volvió a encenderse esta semana con el amarre del petrolero británico VS Promise en Ushuaia, una operación que la Provincia calificó de “inadmisible” debido a que el Reino Unido mantiene la ocupación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur. La diputada fueguina Andrea Freites cuestionó que no hubiera comunicación con la Provincia y recordó que la terminal se encuentra bajo intervención nacional.
De la vereda contraria, el Gobierno apenas ofreció detalle sobre el episodio y respondió que el ingreso del buque no implica una pérdida de soberanía ni viola “ninguna ley”.
Sin embargo, desde Tierra del Fuego mantienen el reclamo para que “el Gobierno nacional informe de manera inmediata y pública bajo qué criterios políticos, estratégicos y administrativos se autorizó la operación de una embarcación de bandera de la potencia que ocupa ilegalmente parte del territorio provincial en el Puerto de Ushuaia".
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