10.02.2026 / REFORMA LABORAL

El Gobierno dio marcha atrás en el proyecto de la Reforma Penal Juvenil que bajaba la edad de imputabilidad a 13 años

El Gobierno nacional retiró este martes el proyecto de Reforma de la Ley Penal Juvenil que había ingresado el lunes al Congreso, tras generar controversia por incluir una reducción de la edad de imputabilidad de 14 a 13 años. Esta modificación clave, que no contaba con el consenso de los bloques dialoguistas, se sumaba a cambios en el financiamiento de la ley y fue el principal escollo para su continuidad.




El Gobierno Nacional solicitó este martes por la mañana el retiro del Proyecto de Reforma de la Ley Penal Juvenil, apenas un día después de haberlo enviado al Congreso de la Nación. Una de las razones centrales de esta decisión radica en que el oficialismo había incluido en el dictamen remitido una propuesta para fijar la edad de imputabilidad en 13 años, cuando el consenso alcanzado previamente con los partidos aliados establecía la edad en 14 años, tal como había quedado registrado en el texto del año pasado.

El proyecto, que busca establecer un nuevo régimen penal juvenil, guarda una estrecha similitud con aquel que obtuvo dictamen en mayo del 2025. No obstante, en esta ocasión, el Gobierno incorporó en la redacción la asignación de fondos específicos a la Defensoría General y al Ministerio de Justicia con el objetivo de asegurar el financiamiento necesario para la efectiva implementación de la ley.

El aspecto presupuestario se detalla en el artículo 51 del proyecto. En este punto, se aclara que, para garantizar la aplicación de la normativa, se destinará un monto total de $ 23.739.155.303,08. Este financiamiento se desglosa entre el Ministerio de Justicia, al que se le asignarán $ 3.131.996.784,28, y la Defensoría General de la Nación, que recibirá $ 20.607.158.518,80. Cabe destacar que, en la versión previa de la iniciativa, el soporte fiscal se basaba en fórmulas más generales y en facultades de readecuación de partidas, un esquema que había sido cuestionado incluso por la propia Casa Rosada cuando se trataba de leyes impulsadas por la oposición. El proyecto original dejaba el financiamiento a la discrecionalidad de la Jefatura de Gabinete, lo que generaba la preocupación de que la ley quedara sin efecto.

Por otra parte, el proyecto tal como ingresó al Congreso reduce la edad de imputabilidad en Argentina de 16 a 14 años, mientras que el dictamen previo, también de 14 años, situaba la edad mínima punible en ese mismo umbral. Sin embargo, el texto remitido por el Gobierno el lunes establecía un régimen penal juvenil aplicable a personas desde los 13 años hasta las 0 horas del día en que cumplan 18, cuando fueran imputadas por delitos previstos en el Código Penal o leyes especiales. La inclusión de los «13 años» se ha convertido en el corazón político de la propuesta y, al mismo tiempo, en su principal obstáculo para obtener respaldo parlamentario.

Los bloques dialoguistas habían anticipado al oficialismo que estarían dispuestos a acompañar una baja de la edad de imputabilidad a 14 años, pero no a 13. Esta misma tensión caracterizó el debate previo: en mayo de 2025 se había logrado un dictamen de comisiones que incluía un umbral de 14 años, pero aquella iniciativa nunca llegó a ser tratada en el recinto. Con la renovación parlamentaria, ese despacho perdió vigencia y ahora deberá gestarse uno nuevo.