El gobierno de Javier Milei activó una nueva etapa del ajuste sobre el empleo público enmascarado bajo el relanzamiento del plan de retiros voluntarios en organismos estratégicos del Estado con el objetivo de achicar la dotación de personal en áreas que ya fueron alcanzadas por recortes, congelamientos salariales y, en algunos casos, intentos fallidos de cierre.
La iniciativa es impulsada desde el Ministerio de Desregulación y la Jefatura de Gabinete, encabezadas por Federico Sturzenegger y Manuel Adorni, respectivamente;
y forma parte de una estrategia que proyecta terminar 2026 con al menos 30.000 trabajadores estatales menos, cifra que podría duplicarse según las metas internas del oficialismo, en línea con su política de reducción del aparato estatal.
Según averiguó Página12, los retiros voluntarios ya fueron habilitados en organismos como la Inspección General de Justicia, la Administración Nacional de Aviación Civil, el Instituto Nacional de Cine, la Casa de la Moneda, Parques Nacionales, la Defensoría del Público y Vialidad Nacional, mientras que otros organismos se preparan para aplicar esquemas similares en las próximas semanas.
Desde los gremios advierten que el carácter optativo de los programas es relativo y denuncian que funcionan como un mecanismo de presión encubierta, en un contexto de salarios congelados y amenazas de cesantías, lo que impacta directamente en la continuidad de áreas técnicas y en la prestación de políticas públicas esenciales.
El caso de Vialidad Nacional vuelve a aparecer como un ejemplo sensible, luego de que el Gobierno intentara disolver el organismo por decreto el año pasado, una medida que fue frenada por la intervención del Congreso, mientras que ahora se reabre el ajuste con retiros voluntarios en medio de reclamos por atraso salarial y falta de inversión en mantenimiento.
“Lo vimos en el último año y medio: muchos de quienes no aceptaron los retiros voluntarios fueron cesanteados”, advirtió el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, quien sostuvo que “no se trata de decisiones individuales ni de opciones voluntarias", sino de "despidos que forman parte de un programa de ajuste”, en un escenario donde, según datos oficiales, ya fueron expulsados del Estado más de 63 mil trabajadores desde el inicio de la gestión.
En esa línea, el sistema de medios públicos también está en riesgo de ajuste, puesto que el Gobierno avanza con un esquema de reducción de personal que incluye retiros voluntarios con un recorte proyectado de alrededor de 500 puestos de trabajo sobre una planta total de 2.400 empleados, una poda que impacta principalmente en la Televisión Pública, donde se concentra más de la mitad de la dotación.