El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, cuestionó la figura de femicidio incorporada al Código Penal en 2012, la calificó de “inconstitucional porque es solo para la mujer” y anticipó que el Gobierno trabaja en una reforma legal para reemplazarla por una tipificación que, según explicó, contemple todas las hipótesis posibles sin distinción de sexo.
En declaraciones radiales, el funcionario sostuvo que la normativa actual presenta problemas de constitucionalidad y planteó que “el sexo o la tendencia sexual que tengas no puede generar impunidad ni privilegios. Somos todos iguales ante la ley”, al tiempo que opinó que la tipificación vigente resulta “difusa e imprecisa” y que debería revisarse “para garantizar proporcionalidad y equidad en la aplicación de las penas”.
Según detalló, la propuesta oficial apunta a reformular la figura bajo la denominación de “hombricidio y femicidio”, con el objetivo de equiparar sanciones en casos donde existan situaciones de “desprecio al sexo, aprovechamiento de superioridad, sometimiento o control”, independientemente de si la víctima es una mujer o un hombre.
En ese marco, Cúneo Libarona remarcó: “Si vos derogás el femicidio, inmediatamente 130 personas recuperan la libertad. No va a pasar. Se le da otra forma para que sea justa y proporcional para todos”, al defender la continuidad del agravamiento de las penas bajo un nuevo encuadre legal.
La figura de femicidio fue incorporada al Código Penal mediante la Ley 26.791, con el objetivo de visibilizar la violencia extrema contra las mujeres y reforzar la respuesta judicial, en un contexto en el que, según datos oficiales, se registran más de 200 víctimas por año, y organismos como la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema destacaron su impacto para dimensionar el fenómeno.
Pese a ese respaldo institucional, el ministro insistió en que la reforma busca corregir lo que considera un desequilibrio normativo y reiteró su posición al señalar que “el sexo o la tendencia sexual que tengas no puede generar impunidad ni privilegios”, frase con la que el Gobierno sintetiza el enfoque que pretende imprimirle a la modificación del Código Penal.