22.01.2026 / DISPUTA
El Ejecutivo dispuso la intervención del puerto de Ushuaia y desató un conflicto judicial con el gobierno de Melella
Desde Nación se ordenó la intervención durante un plazo de 12 meses de la principal terminal marítima fueguina por presuntas irregularidades financieras y operativas. La administración fueguina ya advirtió que recurrirá a la Justicia para frenar la medida y denunció un avasallamiento de su autonomía.
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) resolvió avanzar sobre la administración del puerto de Ushuaia mediante una intervención directa del Estado nacional por presuntos desvíos de fondos públicos, falencias en la infraestructura y riesgos operativos, una decisión que fue formalizada por resolución y que abrió de inmediato un frente de disputa judicial con el gobierno de Tierra del Fuego.
La medida, firmada por el director ejecutivo del organismo, Iñaki Arreseygor, establece que la gestión operativa, técnica y administrativa de la terminal quede bajo control nacional por un plazo inicial de 12 meses, con posibilidad de extensión si las anomalías detectadas no son subsanadas en ese período.
Según el informe oficial, parte de los recursos que debían destinarse al mantenimiento y mejora del puerto habrían sido utilizados para otros gastos de la administración provincial, en contravención de la normativa vigente, a lo que se sumaron observaciones sobre deficiencias estructurales, falta de respuestas a inspecciones previas y denuncias de vaciamiento formuladas por trabajadores portuarios y empresas navieras.
En ese marco, el gobernador Gustavo Melella sostuvo que “no existe una justificación objetiva para una decisión de esta magnitud” y afirmó que el puerto continúa operando con normalidad en plena temporada récord de cruceros.
La resolución nacional también cuestiona la reciente ley fueguina que habilita el uso de parte del superávit portuario para financiar deudas de la obra social estatal, al advertir que esa medida compromete “la operatividad, autonomía financiera y sustento institucional” del ente portuario, aunque desde la provincia aseguraron que no se transfirieron fondos y que los plazos administrativos aún no vencieron.
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