Un hecho sacudió a la ciudad de Rosario recientemente,
cuando un efectivo de Gendarmería Nacional dejó su arma reglamentaria como garantía en una inmobiliaria de la zona sur tras manifestar que no contaba con dinero para saldar una deuda por alquiler y servicios, un episodio inusual que derivó en la intervención de la fuerza y en la apertura de actuaciones administrativas para determinar responsabilidades.
El hecho se conoció luego de que el encargado de una inmobiliaria ubicada sobre calle Necochea al 2900 se comunicara con la fuerza para informar que tenía en su poder un arma perteneciente a un gendarme. Ante el aviso, personal de la institución fue enviado al lugar para recuperar el armamento.
Según el relato recogido en el lugar, el efectivo, identificado como René R., de unos 40 años, se había presentado días antes en la oficina y explicó que no podía afrontar el pago del alquiler y otros gastos, por lo que dejó voluntariamente su pistola calibre 9 milímetros como garantía hasta poder regularizar la situación.
El arma fue finalmente retirada por personal de Gendarmería y el caso quedó bajo análisis interno para establecer posibles responsabilidades administrativas. El episodio ocurrió a fines de febrero, pero tomó estado público recién en los últimos días.
Más allá de la situación puntual,
el caso volvió a poner en discusión las condiciones salariales de las fuerzas federales que prestan servicio en grandes centros urbanos, donde muchos efectivos deben afrontar alquileres y costos de vida que, según fuentes del sector, suelen quedar por encima de los ingresos iniciales de la fuerza.
De hecho, su trascendencia coincide con los dos focos de tensión que permanecen activos dentro del ámbito de Seguridad en las provincias de Catamarca y Jujuy, donde policías retirados y familiares de agentes que actualmente cumplen funciones, se manifiestan en reclamo por una recomposición salarial.
En esa línea, el suceso protagonizado por el gendarme rosarino cobra relevancia considerando que hace pocas semanas Santa Fe fue escenario de un fuerte conflicto encabezado por el mismo sector, que denunciaron estar percibiendo un sueldo básico de $200.000, y que exigían la intervención del gobernador Maximiliano Pullaro.