La escalada inflacionaria de los últimos meses reactivó con fuerza los reclamos salariales de gremios nacionales y provinciales que, tras cerrar 2025 con pérdidas en el poder de compra, comenzaron el nuevo año rechazando propuestas de aumento consideradas insuficientes y reclamando una recomposición real de los ingresos frente a un escenario de precios que volvió a acelerarse.
El detonante fue el dato de inflación de diciembre,
que alcanzó el 2,8% y marcó el cuarto mes consecutivo de suba, un nivel que tensionó negociaciones que venían ajustadas a una pauta oficial del 1,5% mensual y que dejó desfasadas las ofertas salariales presentadas tanto por gobiernos provinciales como por cámaras empresarias en sectores clave. Sin embargo, días después la Provincia mejoró la propuesta y alcanzó un acuerdo con la mayoría de los sindicatos,
que incluye un esquema escalonado y retroactivos que lleva la mejora salarial al 4,5% para febrero.
En la provincia de Buenos Aires, los gremios estatales, docentes y judiciales rechazaron un incremento del 1,5% propuesto por el gobierno de Axel Kicillof para enero y exigieron que cualquier acuerdo contemple la pérdida acumulada durante 2025.
En esa línea, la tensión alcanzó al transporte, donde la Unión Tranviarios Automotor desestimó una oferta de aumento del 1% presentada por las cámaras empresarias del AMBA y ratificó el estado de alerta, mientras el sector empresario argumenta limitaciones financieras y el sindicato reclama una intervención estatal que garantice salarios acordes al costo de vida.
En el plano industrial, la Unión Obrera Metalúrgica profundizó las medidas de fuerza ante la falta de pago de aumentos ya pactados y las demoras en la homologación de acuerdos, una situación que se replica en distintas ramas y que expone el impacto de la política de contención salarial sobre convenios que, incluso cuando acompañan la inflación, enfrentan obstáculos para su implementación.
En paralelo, el inicio de 2026 mantiene activos los reclamos salariales de los estatales en distintas provincias del país, con conflictos abiertos en La Pampa, San Luis y Santa Cruz, donde los gremios denunciaron atraso salarial, falta de diálogo y sanciones administrativas en medio de negociaciones paritarias aún sin resolver.
En La Pampa, la Intersindical de Gremios Estatales se declaró en estado de alerta y movilización y exigió al gobernador Sergio Ziliotto la reapertura de paritarias en febrero, mientras que en San Luis ATE reclamó una actualización urgente de los salarios al advertir que una parte mayoritaria de los estatales se encuentra por debajo de la línea de pobreza, según datos oficiales del INDEC.