Mientras el Gobierno de Javier Milei avanzó con un ajuste profundo sobre el empleo registrado, los ingresos laborales y las jubilaciones, de manera inversa,
la política de asistencia social se consolidó como la única transferencia que no solo evitó quedar retrasada por la inflación sino que además amplió su cobertura y poder adquisitivo, lo que denota un blindaje por parte del oficialismo y que, en gran medida, explicaría la ausencia de conflictos masivos tras dos años de recortes sostenidos.
Los datos oficiales revelan que
a diciembre de 2025 la asistencia directa alcanza a más de seis millones de prestaciones, con más de 4,1 millones de titulares de ingresos para la infancia, incluidos beneficiarios por discapacidad, y otros 2,5 millones de familias que reciben ayuda alimentaria, cifras que marcan el
nivel más alto de cobertura social registrado fuera de un contexto excepcional como la pandemia.
Según los cuadros de evolución real elaborados por organismos especializados, estas transferencias fueron las únicas que crecieron sistemáticamente por encima de la inflación, en fuerte contraste con el salario mínimo, que perdió poder adquisitivo mes tras mes y hoy cubre apenas una fracción de la Canasta Básica Total, profundizando el deterioro de los ingresos de los trabajadores formales.
La expansión de la asistencia no solo se expresó en cantidad de beneficiarios sino también en términos reales, ya que el ingreso promedio destinado a la infancia se ubicó por encima de los niveles observados durante las gestiones anteriores, con subas interanuales que llegaron a duplicar su valor entre el final de 2023 y fines de 2024, convirtiendo a la política social en el principal amortiguador del impacto de la devaluación y la inflación.
Este esquema se consolidó tras una reconfiguración del sistema de ayuda, que redujo la intermediación de organizaciones sociales y reforzó las transferencias directas del Estado, un giro que contrastó con el discurso oficial de achicamiento estatal pero permitió sostener un piso de consumo básico en los sectores más golpeados por el ajuste.
El fenómeno también se replicó en las provincias, donde los gobiernos subnacionales absorbieron parte de la creciente demanda alimentaria generada por la caída del empleo y los salarios, una tendencia que, como señala otro informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, confirma que el costo central del programa económico recayó sobre el trabajo y las jubilaciones, mientras la asistencia social quedó protegida como ancla de estabilidad.