Mercado Libre comunica que levanta su sede en la Ciudad de Córdoba y muda al modo remoto a todo su plantel tecnológico. El unicornio argumenta que la tasa municipal que la obliga a desembolsar $770 millones cada mes es “totalmente desproporcionada para la actividad que realiza la empresa y el tamaño de su equipo”, según un comunicado que critica la falta de “contraprestación equivalente en infraestructura o en los servicios”.
El presidente local, Juan Martín de la Serna, refuerza el reclamo y dispara en redes: “En Ciudad de Córdoba pagamos $770 millones mensuales en tasas municipales, ¡el monto más alto del país!. Agotadas las instancias, dejamos nuestras oficinas y pasamos a 100% remoto. Increíble pero real”. La firma insiste en que sostiene el empleo y que desde agosto los 1.260 trabajadores seguirán en la nómina bajo home-office mientras “evalúa alternativas de mediano plazo”.
La decisión llega luego de varias rondas de negociación sin acuerdo con la gestión municipal de Daniel Passerini. En la empresa señalan que la tasa cordobesa supera con creces la de otras jurisdicciones donde opera y se asemeja a un “impuesto al trabajo” que castiga al sector tecnológico, clave para la economía del conocimiento.
Al mismo tiempo, el gigante del e-commerce aplica un incremento de comisiones a vendedores domiciliados en provincias que gravan por encima del promedio el impuesto a los Ingresos Brutos, entre ellas Córdoba, Santa Fe y Jujuy. Desde mañana los cargos por venta escalan del 8 % al 20,5 % según rubro y exposición, en una medida que encarece los costos de quienes utilizan la plataforma y, de hecho, compensa holgadamente la alícuota local que hoy repele.
Con el paso a remoto y la suba de comisiones, Mercado Libre responde con lógica de mercado al deber fiscal, aunque exhibe un doble standard: exige infraestructura pública de calidad para su logística mientras abandona la inversión territorial cuando se le requiere mayor aporte al erario. La salida de Córdoba reabre el debate sobre la responsabilidad tributaria de los grandes jugadores digitales y el equilibrio entre promoción y justicia social que reclama el desarrollo federal.