En una medida que marca un giro histórico en la política ferroviaria británica,
el gobierno del Reino Unido está implementando la renacionalización de sus trenes, poniendo fin a más de tres décadas de privatización. Esta decisión, que se hará efectiva gradualmente, busca resolver problemas estructurales y de servicio que han afectado a la red ferroviaria desde su desregulación en los años 90.
Se configura así una decisión en Reino Unido que va en sentido contrario a lo que sucede en la Argentina de Javier Milei, que ya inició el proceso de privatización de varias líneas y servicios, además de desfinanciar el resto de los ramales y servicios.
Desde 2023, varias franquicias ferroviarias han regresado al control estatal bajo la administración de "Operator of Last Resort" (OLR), un organismo gubernamental creado para garantizar la continuidad del servicio ante fallos en la gestión privada. Northern Rail, TransPennine Express y London North Eastern Railway son ejemplos de líneas que ya operan bajo esta modalidad.
El gobierno también ha anunciado la creación de
Great British Railways (GBR), una entidad nacional que centralizará la planificación, los horarios y las tarifas. GBR, cuya implementación está prevista para 2024, representa un esfuerzo por integrar la operación de los trenes bajo un sistema más coordinado y eficiente.
La privatización de los trenes en los años 90, promovida bajo el gobierno conservador de John Major, se presentó como una solución para aumentar la eficiencia y reducir costos. Sin embargo, la realidad fue muy distinta. Las compañías privadas que asumieron la operación enfrentaron constantes problemas financieros, requerimientos de subsidios gubernamentales cada vez mayores y una incapacidad para satisfacer las demandas de los usuarios.
Uno de los mayores fracasos fue la fragmentación del sistema, donde múltiples operadores gestionaban rutas específicas, mientras que la infraestructura permanecía bajo otra entidad, Railtrack (más tarde Network Rail). Esto generó una falta de coordinación que resultó en un incremento de los costos operativos, retrasos constantes y un deterioro generalizado del servicio. Incluso después de décadas de privatización, los ferrocarriles británicos se convirtieron en unos de los más caros de Europa, con tarifas que aumentaron un 20% más rápido que la inflación desde 1995.
Las consecuencias no solo afectaron a los pasajeros, sino también a la economía británica. Los continuos problemas en el transporte ferroviario llevaron a una disminución de la confianza pública en el sistema, mientras que las promesas iniciales de eficiencia se desvanecieron frente a la ineficacia y las prácticas orientadas exclusivamente al lucro.
Diversas encuestas muestran que una mayoría significativa de los británicos apoya la renacionalización, citando beneficios como tarifas más justas y una mejor calidad en el servicio. El Partido Laborista, liderado por
Keir Starmer, también ha respaldado esta medida, comprometiéndose a expandir el control estatal sobre el sistema ferroviario si llega al poder en las próximas elecciones generales.
La transición hacia un sistema estatal no está exenta de desafíos. Se necesitarán inversiones significativas para modernizar la infraestructura y garantizar la sostenibilidad financiera de las operaciones. Sin embargo, expertos en transporte señalan que un sistema ferroviario bien administrado podría tener beneficios a largo plazo, incluyendo una reducción en las emisiones de carbono y una mayor conectividad regional.
Con la introducción de GBR y el creciente número de franquicias que regresan al control estatal, el Reino Unido está redefiniendo el futuro de sus trenes. Este movimiento no solo busca reparar un sistema fracturado, sino también sentar las bases para un servicio ferroviario más justo, eficiente y accesible para todos los británicos.
