El Gobierno eliminó 300 Unidades de Gestión que operaban como intermediarios en la distribución de planes sociales, como parte de una estrategia para reducir la intermediación y mejorar la eficiencia en la entrega de beneficios sociales. Esta medida llega tras la desarticulación del programa Potenciar Trabajo, que será reemplazado por dos nuevos programas con el mismo propósito de eliminar intermediarios.
Según fuentes oficiales, estas Unidades de Gestión representaban un gasto anual de aproximadamente 34 millones de dólares para el Estado. Su función era supervisar que los beneficiarios cumplieran con las contraprestaciones requeridas para acceder a los planes sociales.
La decisión de eliminar el Potenciar Trabajo y, por ende, las Unidades de Gestión, ha generado reacciones encontradas. Por un lado, el oficialismo ha criticado la gestión anterior, señalando que estas unidades promovían una burocracia excesiva y fomentaban la dependencia en lugar de promover la autonomía y el crecimiento personal.
Sin embargo, los movimientos sociales han expresado preocupación por los cambios en los programas sociales y han anunciado posibles protestas. Se espera que estas organizaciones se manifiesten no solo por la falta de alimentos en los comedores, sino también por las modificaciones en los planes sociales.