06.02.2024 / JUDICIALES
Un nuevo fallo contra el aumento de las prepagas complica el DNU de Milei
La orden solicita facturar las cuotas de afiliación al valor de diciembre de 2023, como así también que los ajustes sobre los siguientes períodos se aten al salario.
La Justicia emitió un nuevo fallo contra el aumento de las prepagas propuesto en el DNU de Javier Milei a partir de la situación particular de dos jubilados que no pueden afrontar los incrementos.
En el primero de los casos tiene que ver con una jubilada que promovió acción de amparo contra OMINT SA, en la cual se pidió la declaración de inconstitucionalidad de las normas que regulan la materia. La damnificada dejó constancia que abonó la suma de $409.860 correspondiente a la cuota del mes de diciembre de 2023, por lo que a partir del DNU esta subió a $770.677.
La periodista Valeria Petrillo también informó sobre el segundo caso, sobre una jubilada de 70 años con trastornos de ansiedad que accionó contra Galeno. Esta refirió que en diciembre pagó $104.627 de cuota, mientras que en enero el importe subió $163.921,16, siendo que cobra $203.497,05 por mes.
De acuerdo con lo que indica el fallo, el juez federal de San Martín Oscar Papavero dispuso "la aplicación del Índice Salarial que confecciona el INDEC, en tanto el mismo refleja –en términos amplios y generales- el aumento mensual de los ingresos de los asalariados", a la vez que consideró lugar parcialmente a las medidas cautelares solicitadas.
Por lo tanto, resolvió “ordenar a la demandada OMINT SA que proceda a la facturación de las cuotas de afiliación al valor de la cuota de diciembre de 2023, efectuando sobre los siguientes periodos los ajustes mensuales que resulten de aplicarle el Índice Salarial que publica el INDEC”.
La Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca) presentó una acción de amparo ante la justicia federal contra el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 que deroga la Ley de Tierras, al entender que esa normativa del Poder Ejecutivo quebranta "disposiciones constitucionales".
La presentación fue realizada ante el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo, "por quebrantar las disposiciones constitucionales y el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, asimismo violentando artículos de Pactos Internacionales de la ONU de derechos Civiles, Políticos y Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 75 de la Constitución Nacional, que declaran al unísono la titularidad de los pueblos sobre el conjunto de las riquezas y recursos naturales existentes en su territorio".
En el texto, añaden que la derogación de la Ley de Tierras "produciría un daño irreparable a la Nación y al pueblo ya que permitiría la venta indiscriminada sin límite ni tope alguno del territorio argentino a cualquier potencia extranjera, sociedad o fondos de inversión, millonarios extranjeros y fideicomisos". "Todo ello nos llevaría a la desintegración de la República Argentina como Estado Nación con la consiguiente pérdida de la Soberanía Nacional, Territorial, Poblacional, Económica y de Recursos Naturales", completaron.
En este punto, ejemplificaron con "el caso del súbdito británico Joe Lewis que compró tierras de modo espurio y fraudulento, en zona de frontera expresamente prohibido para extranjeros, en la provincia de Río Negro, apropiándose indebidamente del Lago Escondido e impidiendo el libre acceso del público al mismo".
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