El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi estableció la orden para realizar un registro a las instalaciones del Fideicomiso Espacio Añelo, ubicado en Neuquén, en la causa que se sigue por las amenazas realizadas por los integrantes del grupo Revolución Federal.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, manifestó sus inquietudes respecto del accionar de la magistrada que tiene a cargo la causa por el intento de asesinato a CFK.
Se trata de Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco. Las mujeres se encontraban con el ex viceministro de Seguridad de Patricia Bullrich en restaurante Casablanca cuando un testigo de identidad reservada lo escuchó decir que “cuando la maten (a CFK)” él ya “estaría camino a la costa”.
Mario Villar solicitó que la Vicepresidenta, sus hijos Máximo y Florencia y los restantes imputados en la causa vayan a juicio oral. Para el 22 de noviembre se programó la segunda y última audiencia en la que expondrán las defensas de los imputados.
El juez federal en lo Contencioso Administrativo Enrique Lavié Pico designó un interventor para que revise la renegociación del contrato de concesión de autopistas celebrado entre la empresa Autopistas del Sol (Ausol) y el gobierno de Mauricio Macri en 2018.
Los solicitó el fiscal pollita para profundizar la investigación tras los pagos de Caputo al líder Jonathan Morel y un posible financiamiento o vinculación al atentado contra Cristina Kirchner.
A través de sus redes sociales la vicepresidenta publicó un video que reconstruye la causa que investiga el atentado en su contra, apuntó contra Gerardo Milman y señaló que la magistrada “paralizó y boicoteó” la investigación.
Los abogados de Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Nilda Basile recurrieron el procesamiento de sus defendidos por el artículo 213 bis del Código Penal, que castiga con prisión de tres a ocho años al que intente imponer sus ideas, o combatir las ajenas, por la fuerza.
Se trata de hinchas que tienen denuncias o causas por violencia, que pertenecen a las barras de clubes, que participan de asociaciones ilícitas como los 'trapitos' o que son deudores de cuotas alimentarias, según lo explicó el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro.
Los magistrados argumentaron que "las actividades comerciales que ambos imputados desarrollan habitualmente, en nada se vinculan con el manejo y el cuidado debido del ‘riesgo seguridad’ de la empresa".