Por orden la jueza María Romilda Servini, la interventora de la Administración Federal de Inteligencia fue citada en el marco de un expediente por filtración de identidades de espías. La audiencia se desarrollará en 15 días.
El órgano le solicitó al Consejo de la Magistratura que se expida ante las acusaciones del expresidente contra el juez electoral bonaerense, a quien acusó de "militante". Cabe recordar que fue el magistrado que investigó el espionaje ilegal PRO, que destapó el entramado que encabezaba D´Alessio con el fiscal Stornelli.
La defensa de quien fuera secretario de Macri y nexo con la Mesa Judicial y el espionaje ilegal pidió que no se use la información obtenida por la Justicia en su celular para la causa Memorándum, en la que tiene comprometedores mensajes con el camarista que visitaba al ex presidente.
El pedido había sido solicitado por la defensa de la compañia propiedad de la familia del exmandatario. “Nos encontramos en el marco de un proceso concursal, cuyo conocimiento en razón de la materia es exclusivo de la Justicia Nacional en lo Comercial", señaló el fallo.
Carlos Beraldi había pedido la postergación de las citación a declarar como testigos para quienes fueran jefes de Gabinete entre 2003 y 2015, en donde se destacan Alberto Fernández y Sergio Massa. Para la siguiente fase deberán ir a declarar desde Eurnekian a Calcaterra, primo de Macri.
La discusión se llevó adelante en el plenario del Consejo de la Magistratura, en dónde, entre otros temas, debía nombrarse un secretario para la Comisión de Disicplina y Acusación. El nombre propuesto, y finalmente aprobado, fue el de Juan Carlos Cubría. El macrismo lo impugnaba, pero dio marcha atrás y terminó absteniéndose.
El fiscal impulsó y pidió medidas de prueba por la denuncia a Asseff, Regidor y Jetter, los legisladores de JXC que exigían parte de sus salarios a sus asesores y empleados. Le solicitó toda la información disponible al presidente de Diputados y datos a empresas de telefonía móvil.
El exoperador de JXC y prófugo de la justicia argentina advirtió que el bloque no dispone de una reglamentación que determine "cuál es la conducta punible y cuáles son las penas". El argumento: "¿La falta de decoro qué es? ¿Colgarse de la luz de otro? ¿Usar las influencias?".
Para el máximo tribunal, la ex firma de Mario Quinta, uno de los funcionarios de mayor confianza que tuvo Mauricio Macri, “no ha demostrado que las restricciones cuestionadas importen un menoscabo del derecho a ejercer toda industria lícita”. Los detalles del caso.
De esta forma la sala II del Tribunal de Apelaciones quedó integrada por Mariano Llorens, Eduardo Farah y Pablo Bertuzzi, quienes deberán revisar los últimos 38 procesamientos ditactos por el juez Auge