El secretario general de UATRE y su "cúpula" continúan bajo la mira opositora. A la causa por desviación de fondos, se adjunta una nueva demanda por lavado de activos. Eduardo Davico, vocero de la MRU, apunta al extravagante "estilo de vida" del sindicalista e insiste con dar en el paradero de los 26 millones de dólares "desviados a empresarios amigos".
La referente de la Coalición Cívica se refirió a la situación del Hospital Garrahan y publicó un hilo en su cuenta de X (ex Twitter) con una categórica advertencia para el ministro de economía libertario.
El proyecto iba a ser tratado este miércoles pero se postergó por falta de acuerdos en torno a la medida. El tratamiento del tema se postergó por faltas de acuerdo dentro del oficialismo. Hasta 2016, no había límites para la reelección los intendentes.
El Ejecutivo publicó este jueves el decreto que modifica la ley migratoria. Establece nuevas causales de expulsión, limita la residencia y condiciona el acceso a servicios públicos para quienes no sean residentes permanentes.
La Secretaría de Finanzas comunicó que el flamante BONTE 2030 para inversores internacionales generó gran demanda en el exterior: recibió 146 ofertas por u$s1.964 y aumentará las reservas del Banco Central.
La fintech fundada por Marcos Galperín pretende expandir su oferta de servicios con una iniciativa que ya fue implementada en Brasil y México.
Casa Rosada intentará que Buenos Aires y CABA se sumen al nuevo esquema de Ganancias simplificado y acepten modificar la Ley penal tributaria. ARCA amenaza con cortar el acceso a información fiscal clave si no hay acuerdo.
Trabajadores del Hospital Garrahan convocaron a marchar hacia el organismo conducido por Mario Lugones en reclamo de sus salarios y el recorte presupuestario que profundiza el Gobierno nacional. La medida, se realiza mientras rige "un período de conciliación obligatoria por el término de 15 días".
Luego de la recusación de la jueza Julieta Makintach por la grabación de un documental sin autorización, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de San Isidro dictará si continúa o no con el proceso. Deberán asistir los siete acusados que figuran en la causa.
El máximo tribunal de la justicia provincial otorgó 90 días de licencia a la magistrada y ordenó al Procurador General que evalúe su desempeño.