Por qué se considera nueva la prueba aportada por los abogados de Cristina: el antecedente del rechazo durante el juicio

La discusión sobre si el material presentado ahora por los abogados de Cristina Kirchner constituye una "prueba nueva" tiene un antecedente central en el propio expediente. Durante el proceso de la causa "Vialidad", la defensa reclamó ampliar el análisis de la obra pública para comparar las adjudicaciones a Lázaro Báez con las realizadas en el resto del país, pero el planteo no prosperó y la pericia quedó limitada a 5 de las 51 obras investigadas. 

Por eso, la presentación realizada esta semana por los abogados de Cristina Fernández de Kirchner abrió una discusión alrededor de una pregunta: ¿el dato que ahora utiliza la defensa constituye realmente una "prueba nueva" de la causa Vialidad?

El interrogante surgió después de que Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego presentaran un informe elaborado a partir de información oficial de la Dirección Nacional de Vialidad incorporada recientemente al juicio por la causa Cuadernos. Según el análisis encargado por la defensa, las empresas de Lázaro Báez recibieron el 0,85% de los fondos distribuidos entre 2009 y 2015 mediante la denominada "Fuente 14", vinculada al fideicomiso alcanzado por el decreto 54/2009.

La defensa sostiene que ese dato contradice aspectos de la hipótesis utilizada para condenar a la expresidenta. Desde ámbitos judiciales que intervinieron en Vialidad, en cambio, sostuvieron en off a diferentes medios de comunicación aliados a su versión que el planteo no introduce una cuestión verdaderamente novedosa y que tanto las planillas de Vialidad como el funcionamiento de la Fuente 14 fueron analizados durante el proceso. 

Pero la discusión tiene un antecedente que se remonta al comienzo mismo de la causa y que permite formular otra pregunta: ¿qué ocurrió cuando la defensa pidió analizar la obra pública más allá de las adjudicaciones investigadas en Santa Cruz?

Ese episodio fue reconstruido por la periodista Sofía Caram, quien cubrió el juicio oral y lo relató en su libro "Condenada".

El pedido de Cristina para ampliar la pericia

Durante la investigación y posteriormente ante el Tribunal Oral Federal N°2, la defensa de Cristina Kirchner cuestionó que pudiera determinarse si Lázaro Báez había recibido un tratamiento excepcional sin comparar lo ocurrido en Santa Cruz con las contrataciones viales realizadas en el resto del país.

La discusión era relevante para una de las hipótesis centrales del expediente: que durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner existió un direccionamiento sistemático de obra pública en beneficio de las empresas de Báez.

Según reconstruye Caram, la defensa reclamó una auditoría y una inspección pericial técnica de mayor alcance sobre la obra vial ejecutada entre 2003 y 2015. La intención era contrastar variables como costos, plazos, redeterminaciones y niveles de ejecución de las obras cuestionadas con lo ocurrido en otras jurisdicciones.

El planteo no prosperó con ese alcance. La discusión llegó incluso a los días inmediatamente anteriores al comienzo del juicio oral. En mayo de 2019, mientras la Corte Suprema analizaba distintos recursos de la defensa, Beraldi explicaba públicamente que uno de sus cuestionamientos era precisamente la extensión de la prueba pericial. El juicio comenzó finalmente el 21 de mayo de 2019 ante el TOF 2, integrado por Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso.



De 51 obras investigadas a "una muestra de cinco"

En lugar de una comparación de alcance nacional, la prueba pericial que terminó formando parte del debate se concentró solamente en cinco obras de las 51 adjudicaciones investigadas, a modo de "muestra".

En ella participaron Eloy Pablo Bona, perito oficial; Roberto Panizza, propuesto por la Fiscalía; y Adriana Alperovich, por la defensa de Cristina Kirchner. Pero los resultados tampoco fueron unánimes. Bona y Panizza concluyeron que existían sobreprecios en las obras que analizaron. Alperovich discrepó y sostuvo que las obras se habían pagado a valores de mercado.

La cuestión adquirió especial importancia durante los alegatos. El fiscal Sergio Mola utilizó aquellas cinco obras como una muestra que, según la acusación, permitía proyectar determinadas características sobre el conjunto de las 51 contrataciones investigadas.  "Estas cinco obras del peritaje operaban como una muestra de todas", sostuvo Mola durante su alegato. La Fiscalía argumentó que las irregularidades encontradas respondían al mismo patrón que atribuía al resto de las adjudicaciones.

La defensa discutió exactamente ese razonamiento: cuestionó tanto la metodología utilizada por los peritos como la posibilidad de extender las conclusiones obtenidas de cinco contratos al universo completo de obras.

El planteo llegó hasta la Corte Suprema

La discusión sobre el alcance de la prueba no terminó en el TOF 2. Uno de los recursos presentados por la defensa llegó hasta la Corte Suprema. El 21 de junio de 2022, cuando el juicio llevaba más de tres años y estaba próximo a ingresar en la etapa de alegatos, el máximo tribunal rechazó por unanimidad los planteos pendientes.

Entre ellos se encontraba el cuestionamiento referido a la prueba pericial. La Corte consideró en ese momento que no existía una sentencia definitiva que habilitara su intervención sobre ese punto y señaló que el tribunal oral había ejercido facultades propias al resolver qué prueba admitía. También dejó abierta la posibilidad de que el cuestionamiento pudiera ser retomado posteriormente.

La controversia, por lo tanto, formó parte explícita del juicio mucho antes de la aparición del informe que los abogados de Kirchner presentaron esta semana.

Años después, cuando la condena quedó firme, la Corte volvió sobre el asunto y sostuvo que la metodología utilizada con las cinco obras había sido convalidada por Casación y que la defensa no había demostrado que ese criterio fuera arbitrario.

La diferencia entre "el dato existía" y "la prueba se produjo"

Ese recorrido introduce un matiz en la discusión actual. Quienes cuestionan la presentación de la defensa sostienen que no puede hablarse de una "prueba nueva" porque la distribución de fondos de Vialidad, el decreto 54/2009 y la Fuente 14 fueron cuestiones abordadas durante el proceso.

Los abogados de Kirchner plantean algo diferente: afirman que la información incorporada ahora en el juicio Cuadernos permite realizar una comparación que no estuvo disponible de esa manera durante Vialidad. Según el estudio encargado por la defensa, el Grupo Austral recibió 0,85% de aproximadamente 2.200 millones de dólares distribuidos mediante esa fuente de financiamiento.

La distinción es central: una cosa es determinar si determinada información administrativa existía en organismos estatales y otra, diferente, establecer si esa información fue incorporada, analizada y sometida a contradicción como prueba dentro de un proceso judicial.

Y es precisamente allí donde el episodio reconstruido por Caram adquiere relevancia. La defensa había intentado durante el proceso ampliar el universo de comparación para discutir si el tratamiento recibido por Báez podía considerarse excepcional respecto del funcionamiento general de la obra pública. Los tribunales no aceptaron producir la prueba con la extensión reclamada y el estudio finalmente utilizado se concentró en cinco de las 51 obras que integraban la acusación.

Qué cambia con la información aparecida en Cuadernos

El 0,85% presentado por los abogados refiere específicamente a los fondos distribuidos mediante una determinada fuente de financiamiento y no al conjunto de todas las partidas ni a todas las conductas que fueron consideradas por los tribunales al condenar a Cristina Kirchner.

Por eso, el alcance jurídico del nuevo material será uno de los puntos que deberán discutirse si la Cámara Federal de Casación admite el recurso de revisión que prepara la defensa.

Pero la aparición de la información sí vuelve a poner bajo discusión una controversia que atravesó el juicio desde antes de su inicio: cuál debía ser el universo utilizado para determinar si las empresas de Báez habían recibido un trato excepcional.

La pregunta, entonces, no se agota en si una planilla es "nueva" o si sus datos existían previamente. También obliga a reconstruir qué ocurrió cuando, durante el juicio Vialidad, la defensa pidió ampliar la comparación para analizar la obra pública más allá de las empresas de Báez y esa prueba, con el alcance solicitado, no fue producida.

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