El Gobierno presentó sus proyecciones para el dólar, la inflación y la actividad económica en el Presupuesto 2027. Sin embargo, en el mismo proyecto incluyó r
ecortes drásticos en las áreas de Discapacidad y Educación que afectarían, principalmente, a las personas que reciben pensiones no contributivas por discapacidad y a las universidades nacionales, que quedarían con una partida inferior a la que solicitaron para el próximo año.
Los cambios en las pensiones por discapacidad
En materia de discapacidad, el proyecto modifica la Ley de Emergencia en Discapacidad 27.793 y establece que la pensión no contributiva por discapacidad laboral equivaldrá al 70% del haber mínimo jubilatorio. Además, plantea que el beneficio sea incompatible con un empleo formal o con la inscripción en el régimen general o simplificado.
El Presupuesto también propone modificar el sistema de prestaciones para personas con discapacidad. El nomenclador dejaría de establecer valores universales y cada entidad obligada determinaría sus propios montos, mientras que la Nación debería actualizarlos trimestralmente; si no lo hiciera, se aplicaría el índice de inflación del INDEC.
Por último en este sentido, deroga varios artículos de la Ley 27.793. Entre ellos se encuentran disposiciones vinculadas con la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, la cobertura de salud, la conversión de oficio de pensiones y la actualización de los aranceles de las prestaciones.
Menos fondos para las universidades
Para las universidades nacionales, el Gobierno prevé destinar $7,3 billones durante 2027 para gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales. El monto queda por debajo de los $11 billones que el CIN incluyó en su propuesta de presupuesto universitario para el próximo año.
Asimismo, el texto establece condiciones para el envío de recursos: el Ministerio de Capital Humano podrá interrumpir las transferencias si una universidad no entrega la información solicitada. A su vez, los aumentos salariales de docentes y no docentes se calcularán sobre la base de la dotación registrada en noviembre de 2026, salvo ampliaciones autorizadas.
Por otra parte, la Ley de Leyes proyecta un crecimiento de la economía del 4% y una inflación anual del 18%, con un dólar previsto en $1.847,60 al cierre del año. Para el Gobierno, las cuentas públicas terminarían con un superávit primario de $18,44 billones, equivalente al 1,3% del PBI, y un superávit financiero de $3,30 billones.