08.09.2026 / SANCIONES MÁS SEVERAS
Malvinas: el Gobierno denunció a cinco petroleras por explorar y explotar hidrocarburos
La presentación fue realizada por el canciller Pablo Quirno y alcanza a firmas vinculadas al proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. El Ejecutivo también busca reforzar la agenda de Defensa en el Presupuesto 2027.
El canciller Pablo Quirno presentó una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas a la actividad hidrocarburífera en Malvinas, bajo el argumento de que operarían en la Cuenca Malvinas Norte con licencias otorgadas por el Reino Unido, una acción que se enmarca bajo la nueva estrategia del Gobierno para “proteger los recursos naturales y velar por la soberanía” argentina sobre las islas y los espacios marítimos correspondientes.
La presentación judicial alcanza a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., además de directivos, gerentes, administradores y representantes que, según la denuncia, hubieran intervenido en las actividades cuestionadas.
En esa línea, el Ejecutivo denuncia que sus operaciones incumplen la Ley 26.659, que regula las actividades hidrocarburíferas vinculadas con las áreas en disputa, en línea con los anuncios de Javier Milei para endurecer las sanciones contra empresas que realicen actividades no autorizadas en la zona.
Desde la Casa Rosada defendieron la medida como una herramienta para impedir el avance de nuevos proyectos petroleros en las islas y anticiparon que el Estado continuará “investigando y promoviendo las acciones que sean necesarias para no dejar impune ningún acto que vulnere los derechos soberanos de la República Argentina”.
La estrategia de Milei en Malvinas
En paralelo, Milei instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que el Presupuesto 2027 contemple el desarrollo de la Base Naval Integrada Ushuaia y otros proyectos considerados estratégicos por el Ejecutivo. Según la orden presidencial, las partidas deberán apuntar a reforzar la Seguridad Nacional y la protección de los intereses soberanos, en un presupuesto que deberá llegar al Congreso antes del 15 de septiembre.
La estrategia oficial también llegará al ámbito legislativo: el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional ingresará por Diputados, donde el oficialismo cuenta con mayor margen para negociar, y propondrá modificar la Ley 26.659 y crear un Consejo de Seguridad Nacional con una política de seguridad de aplicación transversal en el Estado. La iniciativa deberá atravesar un Congreso donde La Libertad Avanza no tiene mayoría propia.
Si bien, el proyecto representa un giro en la postura del Gobierno, distintos sectores de la oposición plantearon que la discusión debería incluir otras medidas frente a los intereses británicos en el país. Entre ellas aparecen la revisión de beneficios fiscales para empresas del Reino Unido, el análisis de firmas vinculadas al RIGI y un mayor fortalecimiento de la infraestructura militar en Tierra del Fuego.
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