El Gobierno nacional reglamentó este lunes el Régimen Penal Juvenil mediante el Decreto 875/2026, que pone en funcionamiento la Ley 27.801, sancionada en febrero por el Senado. La normativa fija en 14 años la edad a partir de la cual los adolescentes pueden quedar alcanzados por el régimen penal, que se aplica hasta el día en que cumplen 18 años.
El nuevo régimen busca que los adolescentes imputados asuman responsabilidad por los actos cometidos y, a la vez, establece como objetivos su educación, resocialización e integración social. La reglamentación determina además cómo se llevará adelante el seguimiento de los menores alcanzados por la ley, quiénes estarán a cargo de esa tarea y qué organismos deberán intervenir para coordinar su aplicación.
Régimen Penal Juvenil: cómo se aplica
El sistema pone en marcha del Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil. Para su aplicación, el Ministerio de Justicia deberá elaborar un listado provisorio de profesionales que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa, entre los cuales los jueces competentes designarán al supervisor en cada caso. Luego, en un plazo máximo de 180 días desde la entrada en vigencia del decreto, deberá realizarse la primera convocatoria pública para conformar el registro definitivo.
Además, el decreto dispone la creación del
Comité Interministerial del Régimen Penal Juvenil, que funcionará también bajo la órbita de Justicia como un espacio permanente de coordinación entre distintas áreas del Gobierno nacional. Estará integrado por un representante de los ministerios de Justicia, Seguridad Nacional, Capital Humano y Salud.
Entre sus funciones estarán coordinar la intervención de esos ministerios, elaborar lineamientos comunes para la prevención, el abordaje y la reinserción de los adolescentes alcanzados por el régimen, promover el intercambio de información estadística y técnica y emitir recomendaciones no vinculantes a la Autoridad de Aplicación. También deberá articular los aspectos administrativos y operativos necesarios para la ejecución de las penas previstas por la Ley 27.801.
A su vez, la reglamentación crea la
Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, también bajo la órbita de Justicia, con el objetivo de coordinar la aplicación del sistema entre el Estado nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
La Mesa estará integrada por un representante de la Autoridad de Aplicación, que ejercerá la coordinación, y por un representante de cada provincia y de la Ciudad de Buenos Aires. También podrán integrarla representantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación, uno por cada organismo.