05.09.2026 / DERECHOS HUMANOS
La ONU impulsa reparaciones por la esclavitud y plantea una obligación legal para los Estados
El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial sostuvo que los Estados tienen la obligación de reparar los daños provocados por la trata transatlántica de esclavos y sus consecuencias actuales. Las medidas pueden incluir compensaciones económicas, restitución, políticas educativas y reformas destinadas a combatir el racismo estructural.
El documento establece que los Estados parte de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial deben avanzar en una justicia reparadora que no se limite a indemnizaciones económicas. El organismo incluyó medidas monetarias, no monetarias y estructurales destinadas a las personas afrodescendientes.
La posición supone un cambio relevante en el debate internacional sobre las consecuencias de la esclavitud: el comité vincula las injusticias históricas con las desigualdades y formas de discriminación racial que persisten en la actualidad.
Qué reparaciones propone el comité de la ONU
La recomendación sostiene que las reparaciones deben ser integrales y pueden comprender compensaciones económicas, restitución, rehabilitación, reconocimiento y preservación de la memoria histórica.
Además, establece obligaciones relacionadas con la investigación y divulgación de lo ocurrido durante la esclavitud transatlántica. Entre ellas aparece el deber de reconstruir y difundir la verdad histórica y desarrollar políticas educativas que permitan conocer sus consecuencias.
Pela Boker-Wilson, integrante del comité y abogada liberiana especializada en derechos humanos, definió la resolución como un "cambio de paradigma". Según explicó, el objetivo es dejar de considerar las reparaciones exclusivamente como una responsabilidad histórica para comenzar a analizarlas también como una obligación jurídica vinculada con las consecuencias actuales del racismo.
"Enfrentar la injusticia histórica no puede separarse de la lucha contra la discriminación racial actual", sostuvo Boker-Wilson.
La especialista señaló que los países deben adoptar medidas activas orientadas a recuperar la dignidad, la justicia y la igualdad de las personas afrodescendientes.
Una interpretación que alcanza a 182 países
La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial cuenta con 182 Estados parte. Entre ellos se encuentran Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Portugal, países que tuvieron distintos grados de participación en el comercio transatlántico de esclavos desarrollado principalmente entre los siglos XVI y XIX.
Durante ese período, millones de hombres, mujeres y niños africanos fueron trasladados por la fuerza hacia América y sometidos a sistemas de explotación esclavista.
El comité argumentó que aquel sistema no solamente afectó a quienes fueron esclavizados, sino que modificó las relaciones económicas globales mediante la acumulación y distribución desigual de riqueza entre diferentes sociedades. De allí deriva, según la interpretación presentada, una responsabilidad compartida sobre algunas de sus consecuencias persistentes.
El planteo busca además ampliar geográficamente una discusión que durante los últimos años estuvo especialmente concentrada en Estados Unidos y el Caribe. Boker-Wilson remarcó que se trata de una iniciativa de alcance global.
Qué peso legal tiene la resolución de la ONU
La Recomendación General Nº 40 no es jurídicamente vinculante por sí misma. Es decir, no funciona como una sentencia que obligue automáticamente a los países a pagar indemnizaciones ni establece montos concretos que deban ser abonados.
Sin embargo, el comité es el órgano encargado de supervisar el cumplimiento de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y sus interpretaciones tienen un peso significativo dentro del derecho internacional de los derechos humanos.
Según Boker-Wilson, el documento puede ser utilizado como herramienta interpretativa por tribunales, orientar revisiones judiciales y servir de fundamento para futuros litigios relacionados con reclamos de reparación.
La distinción resulta central: el comité no estableció un mecanismo automático de compensaciones, pero sí sostuvo que reparar las consecuencias de la esclavitud forma parte de las obligaciones que los Estados asumieron al adherir a la convención.
El antecedente de la Asamblea General de la ONU
La nueva interpretación llega después de que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara en marzo una resolución que reconoció a la trata transatlántica de esclavos como "el más grave crimen contra la humanidad". La iniciativa encontró oposición de Estados Unidos y algunos países europeos.
El nuevo documento profundiza ese camino al conectar el reconocimiento histórico con las políticas actuales destinadas a combatir la discriminación.
Para el comité, la reparación no se agota en determinar responsabilidades por hechos ocurridos siglos atrás. También implica abordar las desigualdades contemporáneas vinculadas con el racismo estructural y adoptar medidas capaces de modificar esas condiciones.
¿La ONU obliga a los países a pagar indemnizaciones por la esclavitud?
No de manera automática. La recomendación del CERD no es vinculante y no establece montos ni un sistema universal de pagos. Sin embargo, interpreta que los Estados parte de la convención tienen obligaciones legales de adoptar medidas integrales de reparación.
¿Qué pueden incluir las reparaciones por la esclavitud?
Además de compensaciones económicas, el comité menciona restitución, rehabilitación, memorialización, investigación histórica, difusión de la verdad y reformas estructurales destinadas a combatir las consecuencias actuales de la discriminación racial.
¿Por qué la decisión puede tener consecuencias legales?
Porque la interpretación del comité puede ser utilizada por tribunales y organismos públicos para analizar las obligaciones de los Estados bajo la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y como fundamento en futuros litigios.
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