Luego de que le concedieran una licencia por 180 días, el legislador provincial por Río Seco
Ramón “Cañito” Flores presentó su renuncia indeclinable a la Legislatura de Córdoba a causa de la creciente repercusión de la investigación por casos de
grooming, abuso sexual y explotación de adolescentes que alcanzó a figuras de su entorno.
La causa, que tramita en Villa de María de Río Seco bajo la investigación de la fiscal Analía Cepede,
tiene 15 personas imputadas y 14 detenidas, entre ellas José Villarreal, quien se desempeñaba como
asesor de Flores en la Unicameral y también trabajaba en emprendimientos privados del legislador. Uno de los hechos investigados habría ocurrido en 2020 en un campo vinculado a Flores, aunque el legislador no está imputado en el expediente.
La renuncia llegó después de que el caso adquiriera mayor trascendencia pública y fuera abordado por distintos portales, que además pusieron el foco sobre
“los hombres de Cañito”, en referencia a asesores y colaboradores que
obtuvieron cargos durante su estructura política pese a registrar denuncias o condenas penales.
El escándalo también volvió a poner bajo la lupa el modo en que Flores construyó durante años su estructura de poder en el norte cordobés, sin embargo, tras anunciar su retiro, el llaryorista se autoproclamó víctima de una “campaña de difamación y descalificación personal”.
La salida definitiva se produjo luego de una semana marcada por la tensión en la Unicameral. El oficialismo había conseguido aprobar previamente la licencia de Flores, lo que permitió la asunción de su suplente, Estrella Benchetrit, mientras la oposición reclamaba su expulsión por “indignidad”. En paralelo, el Ministerio de Seguridad provincial removió a la cúpula de la Departamental Río Seco e inició actuaciones sobre una denuncia por abusos de 2020 que había sido cajoneada.
En su escrito de renuncia, Flores negó que el apartamiento implique reconocer responsabilidad por los hechos investigados y se refirió a una disputa política local. “Esta decisión no significa reconocer ninguna de las acusaciones que se han formulado en mi contra”, afirmó.
La investigación que puso bajo la lupa a su entorno
El expediente se inició a partir de denuncias por grooming y abuso sexual contra adolescentes y recayó sobre personas vinculadas al entorno del legislador. Flores aseguró que tomó conocimiento de la situación de Villarreal a fines de julio y que dispuso su desvinculación, aunque la baja contractual se formalizó semanas después.
La investigación también reavivó cuestionamientos sobre el poder político y económico de Flores, quien fue legislador entre 2007 y 2011, intendente de Villa de María durante 12 años que volvió a ocupar una banca con la llegada de
Martín Llaryora a la Gobernación. Además, su patrimonio y sus negocios privados quedaron bajo observación, entre ellos un hotel administrado mediante una sociedad constituida cuando todavía era intendente.
Después de años de falta de intervención en la causa por parte de la fiscalía, Cepede quedó al frente de la misma. Así, el expediente avanzó hasta alcanzar a 15 imputados y 14 detenidos.