31.08.2026 / INVESTIGACIÓN
Giro en la causa Cerimedo: piden investigar si Luis Caputo benefició a una de sus empresas para operar en la Hidrovía
Una denuncia penal apunta al ministro de Economía, al titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y al consultor de Milei por las autorizaciones otorgadas a Sanabria SRL, vinculada a Cerimedo. Mientras tanto, el exasesor presidencial continúa detenido en Bolivia por tentativa de femicidio.
A la investigación por tentativa de femicidio que pesa sobre el consultor Fernando Cerimedo y que lo mantiene detenido en Bolivia, se sumó una denuncia paralela que apunta contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y una presunta ayuda para que una de las empresas vinculadas al empresario pudiera ingresar al negocio de los servicios portuarios en la Hidrovía.
El denunciante, Alejandro Sebastián Díaz Pascual, pidió determinar si hubo un tratamiento privilegiado para Sanabria SRL, firma radicada en Puerto General San Martín que pasó de funcionar como guardería náutica a prestar servicios navales, entre ellos el abastecimiento de diésel a remolcadores de barcazas. La presentación plantea posibles delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública; y alcanza también al titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor.
Uno de los puntos centrales está en el ingreso de Surlibre Inversiones SA a Sanabria, formalizado en julio de 2024, cuando adquirió 150 de las 500 cuotas sociales, equivalentes al 30% de la compañía. La denuncia vincula a Surlibre con Cerimedo y busca establecer si, a partir de esa operación, la empresa obtuvo las autorizaciones nacionales para operar en el río en un plazo excepcionalmente breve.
La presentación pone la lupa sobre la intervención de los organismos que debían habilitar la actividad y, particularmente, sobre Arreseygor, quien había asumido al frente del área de Puertos y Vías Navegables en mayo de 2024. También apunta a determinar qué conocimiento o intervención pudo haber tenido Caputo, dado que el área portuaria se encontraba bajo la órbita del Ministerio de Economía, aunque la denuncia plantea estos extremos como hipótesis que deberán ser comprobadas.
Para avanzar, Díaz Pascual solicitó que se incorporen los expedientes administrativos completos y se determine qué funcionarios participaron, qué requisitos fueron exigidos y quién autorizó finalmente la operatoria de Sanabria. Asimismo, pidió comparar los tiempos y procedimientos utilizados con los de otras empresas, además de revisar documentación societaria, el origen de los fondos utilizados en la compra de la participación y las comunicaciones entre la firma y funcionarios públicos.
Uno de los puntos más relevantes es la diferencia que señala la denuncia entre los trámites nacionales y municipales: mientras Sanabria habría conseguido las autorizaciones necesarias para operar en la Hidrovía, desde la Municipalidad de Puerto General San Martín se habría indicado que todavía tenía documentación pendiente para completar su habilitación local. Ese contraste forma parte de los elementos que el denunciante pretende que sean examinados por la Justicia.
Entre las medidas solicitadas figuran pedidos de información a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Prefectura Naval, la Secretaría de Transporte, ARCA, la Unidad de Información Financiera, la Oficina Anticorrupción, SIGEN, la Inspección General de Justicia y el municipio de Puerto General San Martín. El objetivo será establecer si existieron irregularidades, si se aceleraron trámites de manera excepcional y si hubo una eventual intervención indebida de funcionarios para favorecer los intereses vinculados con Cerimedo.
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