21.04.2026 / DENUNCIA PENAL
Denuncian a Javier Milei por recortes en Discapacidad: lo acusan de abandono de persona
El sector de discapacidad impulsó una denuncia penal contra el Presidente y funcionarios por el ajuste en prestaciones, la quita de pensiones y el incumplimiento de la ley de Emergencia. En simultáneo, crece el conflicto por una reforma oficial del sistema.
Familiares de personas con discapacidad, junto a organizaciones sociales y profesionales de la salud, denunciaron al presidente Javier Milei por incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y abandono de persona debido a los recortes en pensiones, prestaciones y programas sanitarios que, advierten, ponen en riesgo la salud de los beneficiarios.
La presentación judicial también alcanza al ministro de Salud, Mario Lugones; al secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches; y al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°5 y cuenta con el patrocinio del abogado Javier Garín.
Según el escrito, al que accedió Ámbito, el ajuste en el área se viene profundizando desde diciembre de 2023, con impacto directo en el pago de pensiones, servicios y programas de acceso a medicamentos, en un contexto de denuncias por deudas con prestadores y deterioro en la atención.
En la denuncia se advierte que “la implementación deliberada de estas políticas puso en peligro cierto a las personas con discapacidad al privarlas de tratamientos, medicamentos y recursos”, lo que, según los denunciantes, encuadra en la figura de abandono de persona.
El planteo también apunta a incumplimientos de la ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso y luego parcialmente frenada por el Ejecutivo, así como a la falta de reglamentación integral pese a fallos judiciales que ordenaron su aplicación.
A su vez, se señala que la reestructuración del área, con el cierre de ANDIS y su reconversión en Secretaría, derivó en una mayor discrecionalidad en el manejo de fondos y en dificultades para garantizar la cobertura, en medio de una migración forzada de pacientes hacia el sistema público y la saturación de servicios.
En paralelo, el Gobierno envió al Congreso un proyecto para reformar el sistema de pensiones por invalidez bajo el argumento de combatir fraudes, lo que generó un fuerte rechazo de organizaciones del sector, que advierten sobre nuevas restricciones, reempadronamientos obligatorios y posibles recortes en el acceso a derechos.
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