16.04.2026 / INVESTIGAN QUIÉN LA FINANCIÓ
La causa contra Adorni suma un nuevo foco: la millonaria refacción de su departamento
La Justicia incorporó imágenes del antes y después de un inmueble en Caballito para determinar el costo de las obras y quién las financió, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que también incluye viajes, deudas y otras propiedades.
En el marco de la causa por enriquecimiento ilícito en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el fiscal federal Gerardo Pollicitaponer puso bajo análisis la compra y posterior remodelación del departamento en el barrio porteño de Caballito, donde busca determinar el origen de los fondos utilizados y si existe una evolución patrimonial que no pueda ser justificada con los ingresos declarados.
La propiedad, ubicada en Miró al 500, fue inicialmente adquirida por dos jubiladas, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, quienes aseguraron ante la Justicia que no intervinieron directamente en la operación, delegando las gestiones en familiares. Ambas perciben haberes cercanos a los $350.000 mensuales, aunque sostuvieron haber contado con ahorros para concretar la compra.
Según la reconstrucción del expediente, el inmueble había sido vendido en u$s200.000 y, apenas seis meses después, fue transferido al funcionario por u$s230.000, con un anticipo de u$s30.000 y una deuda pendiente por el resto del monto con las vendedoras.
Uno de los puntos centrales que ahora investiga la fiscalía es la refacción integral del departamento, que incluyó cambios visibles en cocina, baños, habitaciones y espacios comunes, lo que llevó a incorporar al expediente fotografías comparativas del antes y después para estimar el valor de las mejoras.
El objetivo es establecer si las obras justifican la diferencia detectada en la operación y, principalmente, quién asumió ese gasto: si las jubiladas que figuran como vendedoras, el propio funcionario o un tercero, un dato clave para evaluar la consistencia de su patrimonio.
La causa se inició a partir de denuncias por viajes, entre ellos un vuelo en avión privado a Punta del Este, y por inconsistencias en sus declaraciones juradas, y también incluye otras operaciones inmobiliarias, como una propiedad en Asamblea al 1100 por la que mantiene una deuda de u$s70.000 más intereses.
En paralelo, el juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario del funcionario, su entorno y sus acreedoras, mientras continúan las citaciones a testigos y avanzan nuevas líneas de investigación sobre otra propiedad en el country Indio Cuá, en un expediente que sigue sumando elementos bajo análisis.
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