El presidente
Javier Milei finalmente avanzó con el envío de aproximadamente 60 pliegos de jueces al Senado de la Nación bajo asesoramiento del ministro de Justicia,
Juan Bautista Mahiques. En el listado de aspirantes, llaman la atención algunos nombres, como el de Carlos Mahiques, juez de Casación y padre del ministro; Ana Juan, la esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi -quien encabeza la investigación por la estafa de $LIBRA; y Emilio Rosatti, hijo del titular de la Corte Suprema.
La inclusión de “Coco” Mahiques no sólo implica su continuidad en la Cámara Federal de Casación Penal, sino que busca extender su permanencia en el cargo por cinco años más una vez que cumpla 75 años en noviembre, lo que requerirá el aval del Senado mediante una audiencia pública en la comisión de Acuerdos.
En paralelo, la postulación de Ana Juan para el juzgado federal de Hurlingham vuelve a poner en foco el expediente por la criptomoneda $LIBRA, que tramita en el juzgado de su esposo, Marcelo Martínez de Giorgi, y que investiga presuntas maniobras de estafa que alcanzan al entorno presidencial.
La nómina también contempla la designación de Emilio Rosatti para un tribunal oral federal en Santa Fe, provincia de origen de su padre, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, lo que se suma a otros nombres de funcionarios y colaboradores judiciales que ya habían sido promovidos en años anteriores pero permanecían sin tratamiento parlamentario.
El envío de los pliegos coincidió con la presentación pública de los ministros de la Corte Suprema sobre la necesidad de reformar el sistema de selección de jueces en el Consejo de la Magistratura, donde Ricardo Lorenzetti advirtió sobre el riesgo de designaciones “arbitrarias, discrecionales u oscuras”, en un mensaje que sobrevoló el debate por los nuevos nombramientos.
Con más de 200 vacantes aún sin cubrir en la Justicia federal, el Gobierno impulsó nombres que se arrastraban desde gestiones anteriores, pero la presencia de familiares directos de magistrados y del propio ministro de Justicia anticipa un tratamiento legislativo cargado de tensiones y pedidos de explicaciones.