Luego de que el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos en Manhattan anulara una sentencia de 16.100 millones de dólares contra Argentina en el juicio por YPF, el Gobierno de Javier Milei salió de inmediato a festejar por redes sociales y a adjudicarse el mérito de la estatización. Sin embargo, a fines de 2023 presentaba la famosa Ley Ómnibus -originalmente titulada "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos"- que incluía la privatización de varias empresas, entre ella la petrolera argentina. El fuerte rechazo político, logró que la administración libertaria diera marcha atrás y sea excluida de la lista.
De esta manera, el fallo ratificó que el proceso de estatización de la petrolera nacional concretado en 2012 por la entonces presidenta Cristina Kirchner y el exministro Axel Kicillof transitó por los carriles de la legalidad y que los reclamos de los fondos buitres fueron infundados.
En este marco, Milei escribió un escuesto mensaje en su cuenta de X y posteriorme -durante una conferencia de prensa en el Centro de Formación de Capital Humano- aprovechó para atacar al gobernador bonaerense y a la expresidenta. “Ganamos en el juicio de YPF", publicó.
Luego, en la conferencia, dijo: "Tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner”.
Y a continuación adjudicó el fallo favorable a sus constantes viajes a Estados Unidos y a su buena relación con el gobierno de Donald Trump. “Ah pero los viajes de Milei, ah pero el mameluco. Acá está la gestión”, manifestó.
No obstante, vale recordar que
en el capítulo II de la Ley Ómnibus presentado en diciembre del 2023 —vinculado a la privatización de las compañías estatales y las sociedades en las que el Estado argentino tiene control total o mayoritario— había 41 empresas “en vidriera” dentro de las que se encontraba Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A (YPF).
Para estas compañías, el Poder Ejecutivo tenía la facultad de "enajenarse de las participaciones accionarias o de capital del Estado y/o sus entidades en toda empresa privada". Sin embargo, en los cambios introducidos en enero de 2024, YPF ya no formó parte de esta lista. Esto significó que siga siendo una empresa mixta bajo control del gobierno, en la que el 51% de las acciones son del Estado.
Además, la defensa argentina siguió siempre la misma línea durante los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández, que consistió en sostener que la ley nacional está por encima del estatuto de YPF y, por lo tanto, la estatización de la petrolera de bandera se hizo de forma regular.