El reclamo por los fondos coparticipables persiste entre los mandatarios provinciales pero el Gobierno nacional no cede, o al menos así lo habrían dado a entender durante la última reunión de la mesa política realizada en Casa Rosada, donde advirtieron que no les darán "nada”, aun cuando el respaldo al proyecto de reforma laboral que el oficialismo apura para tratar en el Senado permanece sujetoa las condiciones de los gobernadores.
En ese marco,
el Ejecutivo profundizó el ajuste a las provincias mediante la significativa reducción de los fondos por coparticipación, mientras define una estrategia legislativa cerrada para avanzar con la reforma laboral sin mostrar predisposición para modificar puntos en el capítulo que mayor resistencia genera: el de Ganancias.
Entre noviembre y enero, el Ejecutivo transfirió a las jurisdicciones provinciales $533 mil millones menos en términos reales que en el mismo período del año anterior, en un escenario marcado por seis meses consecutivos de caída de la recaudación que tensiona las cuentas locales y limita el margen de acción de las provincias.
Si bien, las mismas registraron incrementos nominales de entre el 25 y el 33%, el impacto de la inflación quitó valor a esos aumentos y dejó un saldo negativo en casi todo el país, con 23 de las 24 jurisdicciones perdiendo poder adquisitivo real respecto del trimestre previo.
Córdoba y Santa Fe encabezaron el ranking de las más afectadas, con pérdidas conjuntas superiores a los 130 mil millones de pesos, seguidas por la Ciudad de Buenos Aires, que registró una caída real del 4,6 por ciento, mientras que Salta fue la única provincia que logró un crecimiento real de la masa coparticipable y Neuquén aparece entre las menos perjudicadas.
Así, la estrategia oficial que terminó de delinearse en el último encuentro de la mesa política de Milei, contempla llevar el proyecto al recinto sin cambios, con la posibilidad de modificarse directamente en el recinto, con una mayoría especial. Mientras tanto, el Gobierno aspira a reunir un número amplio de votos y evita que los mandatarios provinciales articulen una posición común.