21.01.2026 / LOS INDUSTRIALES PRESIONAN
Gremios exigen a la CGT que llame a un paro con movilización para frenar la reforma laboral
Los sindicatos industriales reclaman una medida de fuerza antes del debate legislativo previsto para febrero y cuestionan la estrategia de diálogo de la conducción cegetista frente al avance del proyecto oficial.
Los gremios industriales presionan a la conducción de la CGT para que convoque a un paro nacional con movilización antes del 11 de febrero bajo la advertencia de que el tratamiento de la reforma laboral en sesiones extraordinarias ya cuenta con suficiente respaldo político pero sin instancias reales de negociación para los trabajadores.
La tensión se profundizó luego de que sindicatos como la UOM y SMATA reclamaran una definición urgente y convocaran a un encuentro para resolver medidas concretas, bajo el argumento de que el proyecto impulsado por el Gobierno es regresivo en su totalidad y que cualquier reacción posterior a su aprobación llegaría tarde. En ese marco, los gremios industriales cuestionan la estrategia de la cúpula cegetista, que por ahora prioriza el diálogo con gobernadores y legisladores y no descarta una eventual judicialización, una vía que consideran insuficiente frente a una iniciativa que, sostienen, ya cuenta con acuerdos políticos cerrados.
El foco de las críticas también se trasladó a los gobernadores, a quienes acusan de negociar votos a cambio de recursos nacionales, un esquema que los sindicatos describen como un intercambio que avanza sobre derechos laborales sin consultar a las organizaciones ni a los propios trabajadores.
En contraste, los gremios del transporte aún no acompañaron la exigencia de un paro y mantienen diferencias con los industriales, mientras que dentro de la CGT conviven posiciones dispares sobre los tiempos y las formas de la respuesta sindical frente al proyecto. Del otro lado, el sindicalismo insiste en que la reforma “profundiza la precarización y elimina derechos consagrados”, y advirtieron que de avanzar su sanción en el Congreso se abrirá un escenario de fuerte conflictividad social y judicial por su presunta inconstitucionalidad.
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