02.01.2026 / TRABAS AL EMPLEO PÚBLICO

El Ejecutivo suspendió la contratación de nuevos empleados en la administración pública

Mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso un freno general a las incorporaciones en el Estado nacional, con un esquema de excepciones acotadas y reglas estrictas de reemplazo para 2026.





El Gobierno nacional dispuso la suspensión general de nuevas contrataciones y designaciones en la administración pública a través del decreto 934/2025, con el objetivo de limitar el ingreso de personal en organismos y entidades estatales como parte del proceso de reestructuración y control del gasto que impulsa el Ejecutivo.

La medida, publicada este viernes en el Boletín Oficial aunque fechada en el último día hábil de 2025, alcanza a todas las formas de incorporación de personal, incluidas las plantas transitorias, los contratos a plazo fijo o indeterminado, las designaciones en planta permanente y la contratación de profesionales autónomos para servicios específicos.

Según establece la norma, no podrán realizarse designaciones ni contrataciones bajo ninguna modalidad en las jurisdicciones y entidades comprendidas en la Ley de Administración Financiera, lo que implica que no se cubrirán vacantes administrativas u operativas que se generen por desvinculaciones, despidos o retiros voluntarios.

Igualmente, el decreto introduce un régimen de excepciones para áreas consideradas estratégicas, entre ellas las Fuerzas Armadas y de Seguridad, el Servicio Penitenciario Federal, las universidades nacionales, el sistema de salud y los institutos de investigación, así como el Sistema Nacional de Manejo del Fuego y el cuerpo de guardaparques. Además, se fijó un mecanismo de reemplazo controlado que comenzará a regir en 2026, por el cual los organismos podrán incorporar un trabajador cada dos bajas registradas, siempre que no se trate de salidas producto de acuerdos de desvinculación, con la posibilidad de evaluar excepciones puntuales junto a la Secretaría de Hacienda.

En los fundamentos, el Ejecutivo volvió a apelar al argumento del equilibrio fiscal para justificar la decisión y sostuvo que la política de restricción en el empleo público apunta a “adecuar el gasto” del Estado nacional, en línea con la estrategia de ajuste y reducción de la estructura administrativa.