Las organizaciones SiPreBa y FATPREN encabezarán este miércoles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la exposición de un informe que acusa al Gobierno nacional de llevar adelante una política “sistemática y planificada” de hostigamiento contra la prensa. La audiencia, prevista en la Universidad de Miami, apunta a visibilizar agresiones, impedimentos y discursos estigmatizantes que se volvieron patrón en el comportamiento presidencial.
La intervención forma parte de una acción conjunta que reúne a organismos sindicales, profesionales y de derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional, el CELS, ARGRA y FOPEA. Todas estas entidades sostienen que el clima para el ejercicio periodístico se ha deteriorado en censura, intimidaciones y episodios de violencia física registrados en distintas coberturas.
Según anticipó el secretario adjunto electo de SiPreBa, Francisco Rabini, uno de los ejes del documento denuncia que se busca impedir el trabajo informativo.
“Eso es un ataque directo a la libertad de expresión y de prensa”, sostuvo el dirigente, quien citará casos de represión y agresiones como el del reportero gráfico Pablo Grillo, aún sometido a cirugías por un cartucho de gas lacrimógeno disparado por un gendarme.
Las organizaciones también alertarán sobre el uso de denuncias judiciales como mecanismo de presión estatal.
En lo que va de 2025, el presidente Milei impulsó causas por calumnias e injurias contra al menos ocho periodistas, mientras que el ministro Mariano Cúneo Libarona inició acciones similares contra comunicadores que cuestionaron su desempeño.
El documento que llegará a la CIDH advierte además sobre medidas estructurales que afectan el derecho a la información y reducen la pluralidad de voces. Entre ellas señalan el vaciamiento de los medios públicos, el intento de cierre de Télam, la parálisis del ENACOM y la suspensión de los fondos FOMECA, que los organismos consideran parte de un mismo patrón de debilitamiento del sistema de medios.
La audiencia se realizará en el marco del 194° período de sesiones del organismo y será presentada como una instancia clave para frenar el avance de la censura y exigir garantías de protección para periodistas. Además, el Gobierno deberá responder esta semana en otra audiencia sobre el impacto regresivo de sus políticas fiscales en la desigualdad del país.