El litigio se origina en la nacionalización de YPF realizada en abril de 2012, cuando el Estado argentino declaró de interés público la petrolera y expropió las acciones de Repsol. Con esta decisión judicial, “la República Argentina” deberá instrumentar la cesión del 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del juicio.
Desde el Palacio de Hacienda adelantaron que el Gobierno nacional “evaluará la presentación de un recurso de apelación” ante la Corte de Apelaciones correspondiente. Mientras tanto, la resolución judicial generó amplio debate sobre las implicancias para la gestión de la petrolera de mayoría estatal.
La noticia circuló inicialmente a través de la cuenta de X de Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, y despertó ya comentarios entre analistas y dirigentes políticos acerca del impacto político y económico de la sentencia.