12.12.2024 / JUDICIALES

Imputaron a siete empresas de medicina prepaga por cartelización y al empresario Belocopitt

El Gobierno adelantó que las empresas tienen 20 días hábiles para realizar su descargo y presentar pruebas. De comprobarse la presunta cartelización, el Ejecutivo podrá multarlas con el 30% de su volumen de negocio o hasta el doble del beneficio ilícito obtenido.





La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) imputó por presunta cartelización a siete empresas de medicina prepaga, a la Unión Argentina de Salud y al empresario Claudio Belocopitt por presuntas prácticas anticompetitivas. La acusación surge tras una investigación que comenzó en enero de 2024 y se descubrió indicios de un posible acuerdo colusivo.

"A partir de ahora las firmas imputadas tienen 20 días hábiles para realizar su descargo y ofrecer pruebas para desvirtuar la conducta imputada", precisó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa.

Luego, la CNDC podrá fijar un plazo de hasta 90 días hábiles (prorrogables por otros 90 días) para que se presenten las pruebas correspondientes. Finalizado este proceso, las partes dispondrán de seis días hábiles para realizar sus alegatos.

En esa línea, anunció que las empresas imputadas son: Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint, OSDE, la confederación argentina de salud, UAS y Claudio Belocopitt.

El funcionario aclaró que de comprobarse la presunta cartelización, el Gobierno podrá multar a las empresas de medicina prepaga con el 30% de su volumen de negocio o hasta el doble del beneficio ilícito obtenido. Las prácticas de cartelización, como la fijación de precios o la restricción de la oferta, son consideradas infracciones graves a la legislación de competencia, según señaló la CNDC.

La denuncia de cartelización fue realizada ante la CNDC, que constató que las empresas aumentaron de forma coordinada las cuotas de los planes de salud, violando las normativas de competencia. Ante esta situación, la CNDC y la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía intervinieron en abril de 2024, obligando a las empresas a retrotraer los precios a los niveles de diciembre de 2023.

Además, se les prohibió intercambiar información relacionada con precios, servicios y costos, tanto en las reuniones de la UAS como en cualquier otro ámbito comercial.