El Gobierno empieza una nueva etapa de ajuste y la semana que viene comienza con
los exámenes de idoneidad a empleados del Estado, alrededor de unos 40.000 trabajadores, cuyos contratos vencen a fin de año.
La tarea, impulsada por el Ministerio de Desregulación a cargo de Federico Sturzenegger, consiste en pruebas destinadas principalmente a los 40.000 empleados estatales de planta transitoria, cuya vinculación laboral anual expirará el 31 de diciembre y que busquen renovar sus contratos o para las personas que nunca hayan trabajado en la administración pública y planeen postularse por primera vez, a quienes les servirá de certificado de aptitud. La inscripción comenzará esta semana y permanecerá abierta todo el año.
La aprobación del examen será obligatoria, pero no vinculante, es decir, el buen rendimiento no implica que una persona va a quedar contratada. Pero así como se necesita comprobar que quienes entran a trabajar en el Estado no tienen antecedentes penales, la admisión de esta prueba también será requisito de ingreso.
El test tendrá tres niveles de dificultad: una para profesionales, otra para administrativos y otra para trabajos catalogados como “servicios generales” en puestos de tareas consideradas cotidianas como choferes o jardineros. Las preguntas estarán apuntadas a cuestiones de lógica, matemática y conocimiento sobre la administración pública.
Las evaluaciones tendrán entre 20 y 24 preguntas multiple-choice, durarán una hora y se realizarán de forma presencial en las oficinas el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Cada persona tendrá tres chances para aprobar. "El examen no está pensado como un filtro, sino para tener un mecanismo para saber si el personal es eficiente”, explicaron fuentes del Ejecutivo.
Los trabajadores de planta permanente no deben realizar el examen, tampoco quienes residan fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y quienes cuenten con un certificado de discapacidad.
Además, en pleno plan de ajuste, el Ministerio de Desregulación del Estado tiene en la mira a varios organismos. Uno de ellos es la
Comisión Nacional de Microcrédito (Conami), que busca asistir a emprendedores que no puedan acceder al sistema financiero formal, donde el Gobierno asegura que tenía más presupuesto para salarios que para los préstamos que debía entregar y quiere cerrarlo.
Otro es
el Consumo Protegido (Coprec), que funciona en la órbita de la Secretaría de Comercio y está destinado a recibir reclamos de consumidores. Para la gestión de Javier Milei ya existen otras oficinas que cumplen la misma función. “Organismos descentralizados hay más de 100. La Ley Bases permite ponerlos en revisión.
En algunos casos se propondrán fusiones, otros se eliminarán y otros volverán a depender de la administración central”, precisaron fuentes oficiales en declaraciones a TN.
