Frente a su inminente expulsión del bloque, a diputada de La Libertad Avanza
Lourdes Arrieta filtró este domingo los proyectos para lanza un decreto presidencial para lograr la libertad de los represores detenidos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar a los que el grupo de legisladores libertarios visitó en Ezeiza. Arrieta fue parte de la comitiva.
"Ayer publiqué una parte de los chats que presenté ante la Justicia. Ahora
pongo a disposición los Proyectos de Ley y el Decreto reglamentario que proponían los integrantes del grupo de WhatsApp (diputados de LLA), para obligar a los jueces a dejar en libertad a los genocidas", escribió la diputada en su cuenta de X en una publicación acompañada por 13 páginas con los borradores de los proyectos.
Tras desarrollar los fundamentos el proyecto de decreto presidencial, que tenía como objetivo ser presentado a Javier Milei para su firma y publicación, en sus artículos la iniciativa proponía que "con independencia del criterio que cada Tribunal Nacional o Federal fije respecto del tiempo en el cual debe operar la garantía del juzgamiento de una persona en un plazo razonable, o que le sean determinados a los ciudadanos sus derechos en un plazo razonable,
se fija en veinticinco años el plazo máximo que tendrá el Estado para arribar a una sentencia definitiva en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada a una persona. El término regirá desde la fecha de comisión del ilícito o desde la mayoría de edad si la víctima fuere un menor, y su cómputo se suspenderá en caso que la Nación sufra la interrupción de la vida democrática mediante la ilegal deposición de las autoridades de sus tres Poderes".
Y señalaba : "Vencido el plazo máximo fijado,
operará la extinción de la acción penal por insubsistencia conforme la garantía establecida por la doctrina de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación y el art. 14.3.c del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos incorporado a nuestro sistema legal por ley 23.313". "La garantía no operará en favor de las personas que se encuentren prófugas de la Justicia o hayan sido declaradas rebeldes en los procesos de que se trate al momento de la sanción de la presente", agregaba.
Así, la intención de ponerle un plazo de 25 para juzgar a los genocidas choca de lleno con lo establecido por la Organización de las Naciones Unidas que determina a lo delitos de Lesa Humanidad como “cualquiera de las atrocidades y delitos de carácter inhumano, que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil" y que no prescriben, ni pueden ser indultados.
Los chats que involucran a legisladores y ministros
El sábado Arrieta, luego de hacer un extenso descargo ante su expulsión que se haría oficial este martes, había expuesto en la misma red social una serie de chats que involucran a varios de sus pares en la coordinación de la visita a represores en el Penal de Ezeiza. Bajo el título "No más impunidad" compartio los chats que involucran a varios legisladores, el titular de la Cámara baja, Martín Menem, y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Arrieta, quien había asegurado no saber quién era Alfredo Astiz porque "nació en 1993", publicó un extenso hilo en su cuenta de X con detalles de conversaciones en varios grupos de WhatsApp, uno creado para un encuentro con el padre Javier Olivera Ravasi, nexo para generar la visita al penal, y otro conformado para la propia reunión en Ezeiza. "No más impunidad. Como dijo el presidente Javier Milei, es hora de que se sepa la verdad sobre quién autorizó y cuál era el verdadero motivo de la visita a los genocidas. Además de contarles el papel que jugó el padre Ravasi y sus links con diputados, abogados y jueces", comenzó la legisladora con su secuencia de publicaciones.
"Todo se inició con un grupo de WhatsApp que se creó en febrero y se llamó 'Comida informal con el Padre Javier…'. Me agrega el propio Ravasi el 23 de febrero y me da la bienvenida. Entré porque en ese grupo, ya estaban muchos de mis colegas que hoy fingen demencia:
Lilia Lemoine, María Celeste Ponce, Emilia Orozco, Nicolás Mayoraz, Santiago Santurio, Beltrán Benedit, Alida Ferreyra y María Fernanda Araujo", escribió Arrieta.
Entre los diferentes giros de la organización para lanzar el DNU, una de las cosas más llamativas es la participación de Bullrich. El primer grupo estaba relacionado a la sanción de leyes de impunidad para favorecer a los represores detenidos, con la participación de los abogados "Ricardo Saint Jean, Laura Olea y el exjuez de la Casación destituido por supuestos cobros de coimas y vinculado a agentes de la SIDE, Eduardo Riggi". "Luego, Ravasi agrega a dos especialistas en el tema: el Dr Maximiliano Frola y el Dr Enrique Munilla Lacasa; y agrega que
el proyecto tiene como finalidad obligar a los jueces a conceder la prisión domiciliaria manifestando 'los que están en cárceles irían a domicilio y muchos obtendrían la libertad'", reveló la legisladora.
Un cambio de tema en el grupo involucra directamente a la ministra de Seguridad: "El 11 de marzo, informa: 'Cambio de tema. El dip.
Beltrán Benedit habló con Patricia Bullrich para quienes deseen sumarse, al día siguiente de nuestra reunión a visitar a los presos políticos que están detenidos en Campo de Mayo/Ezeiza/Marcos Paz se les facilite el ingreso sin inconvenientes'". Arrieta subrayó que
los chat muestran "claramente otra agenda que no es la del presidente Milei".